El balance en ciencia y educación en México durante el 2021 es desalentador: millones desertaron, sigue pendiente la nueva Ley de Ciencia, se redujo el presupuesto para las universidades y la criminalización y precarización de la vida científica se profundiza.
Al cierre de este año, aún no conocemos la realidad de la deserción escolar que ha dejado la pandemia en México. El INEGI y la SEP han dado cifras completamente dispares respecto a la situación que viven cientos de miles de personas que han dejado sus estudios en los casi dos años que llevamos en pandemia.
Entre uno y cinco millones de estudiantes pausaron o dejaron para siempre el proyecto de vida basado en la educación que se habían planteado. Sin embargo, no hay una política pública para 2022 enfocada en realizar un esfuerzo para que ellas y ellos vuelvan a las aulas. Las becas no bastan, ya existían antes y durante la pandemia y no lograron impedir la deserción, por lo que considero que atender esta situación en 2022 es el principal pendiente que el Estado tiene en materia educativa.
Se terminó el 2021 y seguimos sin una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, a pesar de que el Congreso de la Unión estaba obligado a expedirla desde el 2020. Queda pendiente para el 2022 la propuesta que presentamos en el Senado el colectivo ProCienciaMx, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt) y un servidor.
Este proyecto de Ley General es inclusivo y plural y nos obliga a pensar en la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares para el crecimiento del país. La propuesta busca asignar por lo menos 2% del PIB anualmente a la ciencia; descentraliza las acciones y los apoyos para que toda la comunidad científica pueda participar, y crea una Banca de Desarrollo para promover y financiar investigaciones científicas y tecnológicas multianuales. A través de acciones afirmativas, nuestra propuesta integra también la perspectiva de género en la materia, incluyendo políticas públicas para el involucramiento de más niñas y jóvenes en las carreras vinculadas con las STEM.
Los recursos destinados para las universidades públicas no presentan un aumento en términos reales en 2022 respecto a la inflación. Y, como ya sabemos, la inflación aumentó de manera desmedida en tiempos de pandemia, dejando a las comunidades universitarias ante una constante búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para cumplir con sus compromisos. Once universidades públicas se encuentran en quiebra técnica, sin un apoyo extraordinario en 2022 ¿cuántas más se sumarán?
Los costos de la reducción de los presupuestos federales y estatales le pasarán factura a las y los estudiantes y a sus familias, aquellos que menos tienen serán los más afectados, manteniendo la brecha tecnológica y la posibilidad de movilidad social.
Por último, el conflicto entre las comunidades científicas y el Estado mexicano cada vez es más profundo. La resistencia universitaria crece en medida que los embates del estado se hacen más comunes. Durante 2021 el Presidente no ha dejado de criminalizar la vida académica y científica, mientras que su brazo en este sector, el CONACYT, cada vez es más cuestionado al grado de que se exige en muchos espacios académicos la dimisión de su Titular, principalmente por alinearse y regirse por la visión presidencial que no considera a la ciencia e innovación como un tema prioritario, por apoyar la centralización en la toma de decisiones, por la reducción de los presupuestos y la desaparición de las autonomías en la academia y la producción científica.
Lamentablemente, las perspectivas en 2022 para la ciencia y la educación son desalentadoras. Por la reducción de apoyos, estímulos y presupuestos, las instituciones educativas continuarán dedicándose a administrar la incertidumbre.
