Terminamos un año más sin que se atienda, asista y repare integralmente a cientos de miles de víctimas de la violencia en México . Lo peor: los homicidios, desapariciones , feminicidios , personas desplazadas y las graves violaciones a derechos humanos siguen repitiéndose y no parece que pueda haber algún cambio en 2022.
De acuerdo con el reporte “ MX: La Guerra en Números ” de la organización T-ResearchMX, se han registrado 108 mil 589 homicidios dolosos en México en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 22 de diciembre de 2021, registrados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si sumamos los homicidios ocurridos en el sexenio de Calderón , quien inicio la fallida Guerra contra las Drogas, y en el periodo de Peña Nieto , las víctimas directas e indirectas de este delito (familiares y dependientes) se pueden contar en cientos de miles.
Las personas desaparecidas en México en este momento son más de 95 mil. Las desapariciones forzadas cometidas por el Estado y aquellas cometidas por particulares se han ido acumulando desde el periodo conocido como Guerra Sucia o Terrorismo de Estado, pasando por los sexenios Panistas, el regreso del PRI y la llamada 4T. En la reciente visita del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, su presidenta, Carmen Villa , hizo una dura crítica al Estado Mexicano por la "ineficacia en la investigación de estos crímenes" y "la discrecionalidad de las Fiscalías para asumir las pesquisas". Para el Comité los responsables no solo están en el pasado, sino que actualmente imperan la impunidad y la revictimización.
Las víctimas no tienen ni justicia ni verdad. En México las personas vivimos en una impunidad casi absoluta, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, el 99% de los delitos no se resuelven. Tampoco cuentan con atención, asistencia o reparación integral. Aunque el Gobierno de México reconoce el problema, las acciones para disminuir los delitos graves y las graves violaciones a derechos humanos no están funcionando y, la institución creada para coordinar los esfuerzos para atender los impactos que deja la violencia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se encuentra en el olvido y sin apoyo por parte de la federación.
Aunque recientemente fue nombrada en el Senado la nueva titular de la CEAV, estuvo sin cabeza durante año y medio y la última Comisionada duró en el cargo tan sólo seis meses tras protestas de familiares de víctimas en el Zócalo capitalino que exigieron su renuncia, por su ineficiencia y la poca legitimidad con la que fue nombrada.
El nuevo nombramiento no cambiará nada si el Presidente López Obrador no hace de la atención a las víctimas una prioridad nacional. A pesar de estar obligado por la Ley General de Víctimas a convocar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) cada seis meses, López Obrador no lo ha hecho ni una sola vez en más de tres años. El SNAV está conformado por todos los Poderes del Estado Mexicano y es el único espacio que podría generar un cambio significativo en la atención a las víctimas. Si no se convoca al SNAV en 2022 ¿cuántos meses durará esta vez la nueva Titular de la CEAV? y ¿cómo mejorará la grave situación que padecen las víctimas de la violencia criminal y del Estado si el presidente no lo hace?
Al igual que para Calderón y Peña Nieto, para López Obrador las víctimas no existen. La 4T se ha convertido en una transformación a favor de la Guerra, la muerte y el odio. Lejos quedaron los días en los que el presidente y el partido mayoritario, criticaban las estrategias de seguridad de sus antecesores, prometiendo que de llegar al poder harían las cosas de manera distinta. El Presidente y su partido concluyeron lo iniciado por Calderón, la militarización del país y la rendición de la paz ante la guerra.
La peor perspectiva de la atención a las víctimas está en el presupuesto destinado para ellas. La Cámara de Diputados le otorgó a la CEAV 958.2 millones de pesos, tanto para salarios y gastos administrativos, como para apoyos directos de ayuda, asistencia, atención y reparación integral para las víctimas. Este presupuesto presenta un déficit del 62.8 por ciento respecto a lo que la CEAV solicitó para poder funcionar adecuadamente en 2022, es decir, la CEAV se encargará de administrar la incertidumbre.
Para que nos demos una idea de lo poco que le importa a la 4T la atención a las víctimas, basta con ver cómo prefieren gastar en 2022 más o menos el doble en un focus group para medir la popularidad del Presidente que en la CEAV, sí, en el proceso de revocación de mandato . Ya con los ajustes planteados por el INE para reducir su costo, la “revocación”, costará más o menos el doble de lo que se destinará en 2022 para atender a las cientos de miles de víctimas que tiene este país. Una perspectiva miserable causada por una transformación miserable en materia de atención a las víctimas.