No es la primera vez que la Presidencia y Morena, buscan convertir en una caricatura a una comunidad, con la finalidad de aumentar la distancia entre “ellos” y “nosotros”, desacreditándolos para quitarles el apoyo ciudadano y se justifique su persecución, las agresiones en su contra o la reducción del presupuesto para atenderlas.
Lo han hecho con las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, con periodistas y medios de comunicación, con las víctimas de la violencia y grupos feministas, con personas migrantes y desplazadas y, cada vez con más fuerza, criminalizando a las personas que dedican su vida a la ciencia, tecnología e innovación.
Todas las comunidades antes mencionadas, han denunciado la falta de apoyo y presupuesto desde el inicio del sexenio. Todas, han recibido respuestas similares “¿dónde estaban cuándo…?”, “son conservadoras”, “son corruptas”, “son financiadas por oscuros intereses o por Estados Unidos”, “el que nada debe, nada teme”. Y así, sin presentar pruebas, abriendo supuestas investigaciones que no se concluyen o que deben cerrarse por la falta de evidencias, se les desacredita y persigue, para posteriormente perder derechos obtenidos a través del tiempo y a pesar de los gobiernos igualmente neoliberales del PRI y del PAN.
Esto, es aprovechado por Morena y sus aliados, para reducir el presupuesto destinado a garantizar los derechos de estas comunidades y justificar la falta de apoyo para desarrollar su labor. El año pasado, sucedió con la desaparición de 109 fideicomisos. Aunque, es importante decirlo, la mayoría de ellos se mantuvieron vigentes y otros se fortalecieron, como los destinados a la SEDENA, pero los relacionados con víctimas, ciencia, protección de periodistas, etc., se extinguieron. FUNDAR México, además, ha denunciado que el destino final de los recursos de los fideicomisos desaparecidos no es público, es decir, hay opacidad y se desconoce en qué se gastaron.
En el caso de la ciencia, tecnología e innovación, hay una tendencia a la baja en términos reales. A pesar de que según las recomendaciones internacionales los países deben invertir al menos el 1% de su PIB en ciencia para apoyar el desarrollo de la nación, el año pasado México destinó menos del 0.38% de su PIB y este año la tendencia continúa. Para 2022 el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación incluye un ligero aumento, pero de acuerdo con Roberto Rodríguez, Director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM, hay una clara desinversión en el sector, que proviene desde la segunda mitad de la presidencia de Peña Nieto y continúa en la primera mitad del sexenio de López Obrador. El Presidente, dice no ser lo mismo que Peña Nieto, pero actúa igual con respecto a la ciencia (y en muchas otras cosas).
La persecución en contra de las y los científicos desplegada en los últimos días, parece ser la antesala del cabildeo ante la opinión pública del anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología, presentado por María Elena Álvarez-Buylla, Titular del CONACYT, al Presidente López Obrador. El anteproyecto, que será discutido en el Congreso de la Unión busca desaparecer la obligación del Estado de invertir al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología, centralizar aún más la toma de decisiones e ignorar que la innovación va ligada a las regiones y entidades federativas junto con sus cadenas de valor, industria y producción.
De esta manera, criminalizando y caricaturizando la imagen que la sociedad tiene de las y los científicos, y creándoles un estereotipo de ‘turistas’, ‘ladrones’, ‘corruptos’, ‘privilegiados’, etc., el gobierno federal y Morena justificarán la reducción del presupuesto y la falta de apoyo al sector.
Es muy importante que todas las personas que forman parte de la comunidad científica y académica del país, además de denunciar la persecución política que existe, también pongamos atención y hagamos todo lo posible para defender el presupuesto y aumentarlo. La pandemia del COVID-19 y los efectos de la crisis climática, han evidenciado como nunca la importancia de invertir lo necesario para convertirnos en un país que se transforma para afrontar los impactos de estos graves problemas.
Mi reconocimiento a todas las personas que dedican su vida a la ciencia, especialmente envió mi solidaridad a las 31 científicas y científicos que la FGR persigue, y que busca que sean encarceladas en una prisión diseñada para personas consideradas de alta peligrosidad. Que lamentable que el Fiscal General, además de plagiar cuando escribe, copie las peores prácticas de países autoritarios.
Porque mientras el poder del Estado la persigue, la comunidad científica continúa colaborando y ofreciendo soluciones para los problemas que aquejan a nuestra nación.
