Los recursos programados para las universidades públicas en México en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF 2023) por aprobarse en el Congreso, no presentan un aumento significativo en el monto asignado, creciendo solamente en un 0.4 % en términos reales a lo aprobado en 2022; como lo denunció el académico de la Universidad de Guadalajara, Carlos Iván Moreno en la Revista Nexos.
Además, si tomamos en cuenta que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda son muy optimistas en su perspectiva de recaudación, inflación y crecimiento del PIB, es muy probable que el aumento se diluya o se deje de gastar lo programado por las políticas presidenciales de “austeridad franciscana” y se derive por el subejercicio a los proyectos prioritarios, como ya pasó en años anteriores.
Cuando a las universidades se les dan pocos recursos, quienes terminan pagando los costos son los estudiantes en insumos, servicios, materiales y tecnologías que no pueden ser proporcionadas por las instituciones de educación superior. También, lo pagan eligiendo una carrera no por vocación o interés sino por ser la que menos gastos puedan generarles –en traslados, en aprender un segundo idioma, en tener que pagar una especialización como en el caso de los estudios médicos, en certificaciones, etc.– y eligiendo profesiones en las que puedan graduarse lo más pronto posible para integrarse al mundo laboral, ganar dinero y dejar de ser una carga económica para sus familias.
Sin infraestructura, laboratorios y los materiales más avanzados, sólo aquellos estudiantes que puedan pagar para acceder a ellos podrán concluir sus estudios y obtener los mejores empleos, manteniendo las brechas históricas de la desigualdad. Por ello, los estudiantes de bajos recursos son los más afectados.
Asignar poco presupuesto mantiene los bajos salarios que perciben los profesores de tiempo completo y mantiene y prolonga la completa precariedad a los profesores de asignatura. Los recortes fomentan en las universidades la contratación de profesores asalariados temporales por la incapacidad de crear nuevas plazas de tiempo completo con salarios dignos y más prestaciones. Las universidades y centros de investigación están dejando de contar con las personas más preparadas e innovadoras, la falta de apoyo y los bajos ingresos hacen que se pierda cualquier incentivo para elegir la docencia o la investigación en instituciones públicas sobre las empresas privadas en México o en el extranjero.
Estos problemas no se resolverán con becas, primas por desempeño, ni a través de estímulos como los que se otorgan a través del Sistema Nacional de Investigadores. Ni las becas ni los estímulos generan derechos laborales, se requieren más plazas y mejores salarios, sólo así quienes dedican su vida a la educación y a la ciencia podrán contar con una adecuada seguridad social, un sistema de pensiones para el retiro y la capacidad de formar asociaciones sindicales.
El ejemplo más profundo del deterioro de la educación superior en este sexenio es el de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), en el que los profesores son ‘becarios’ y no se les permite firmar un contrato laboral. Además, las UBBJ están inmersas en la opacidad, pues no se informa en realidad en qué se invierten los recursos que se les asignan, cuántos profesores y administrativos tienen, cuánto se les paga o cuánto se invierte en la creación de infraestructura y cuánto en pago de rentas de los espacios –léase Egresados en la opacidad para el Bienestar Benito Juárez, en la Revista Nexos, por Alejandro Escalante, especialista en transparencia y acceso a la información–.
Las UBBJ han llegado a afectar tanto a las y los estudiantes, que estos ya han tenido que manifestarse a las afueras de Palacio Nacional, por la carencia de infraestructura, profesores, deficiencia en recursos materiales en los planteles y por la falta de entrega de títulos universitarios a pesar de cumplir con los requisitos de egreso. Lo que inclusive generó que la CNDH emitiera una recomendación dirigida hacia Raquel Sosa, directora general de las UBBJ, por violar los derechos humanos de tres estudiantes. Ante las protestas, la reacción de Raquel Sosa fue criminalizarlas y advertirles a los estudiantes que, "quien provoca escándalos va a ser víctima de ellos".
La falta de inversión en educación superior hará imposible llegar a la meta del 50% de cobertura universitaria que fijó el gobierno de México en este sexenio. En lo que va del actual periodo presidencial se ha pasado de tener una cobertura del 38.4% al 42%, estancándose durante los últimos dos años. Al paso que vamos, el crecimiento de la cobertura avanzará en un menor porcentaje que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y, en el mejor de los casos, avanzará al mismo paso. Para darnos una idea del rezago de cobertura en el que estamos, el promedio de las economías de la OCDE es del 75%, mientras otros países en América Latina como Chile y Brasil han alcanzado una cobertura del 95% y 93%, respectivamente.
Estas son solo algunas muestras del grave panorama en el que nos encontramos en materia de educación superior e investigación. El PEF 2023 muestra el desprecio a la educación y a la ciencia que tiene este gobierno, cerrando las oportunidades de movilidad social para las y los jóvenes en México. Una vez más la 4ta transformación demuestra su renuncia a la mejor apuesta para reducir las igualdades estructurales en cualquier país del mundo, dejando en el desamparo a los jóvenes mexicanos de un futuro mejor. En educación superior el proyecto del presidente es el más claro ejemplo de gatopardismo; cambiar todo en el discurso, para que no cambie nada en realidad.
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