La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó que el número de personas que han sido desplazadas forzadamente en el mundo ha llegado a la terrible cifra de 100 millones, el número más alto del que se tiene registro. Las causas del desplazamiento son variadas, pero en su mayoría se tratan de eventos relacionados con la violencia criminal, los conflictos armados internos y externos, la discriminación, la desigualdad y los desastres naturales. Aquellas familias que viven el desplazamiento deben huir de sus hogares para proteger su vida y la de sus seres queridos, muchas de ellas no pueden llevar nada más de lo que cabe en sus bolsillos y no volverán a recuperar lo que dejaron atrás. Poco más de la mitad de las personas desplazadas, alrededor de 53 millones, tuvieron que trasladarse dentro de las fronteras de sus países, convirtiéndose en desplazadas internas.
Warsan Shire
Existen decenas de miles de personas que se desplazan fuera de sus países de origen y llegan a México solicitando refugio, asilo o para hacer una escala, principalmente tratando de llegar a Estados Unidos o Canadá. Por su localización geográfica nuestro país fue el tercero con más solicitudes de asilo a nivel mundial en 2021, sólo detrás de los Estados Unidos y Alemania. En lo que respecta al desplazamiento forzado interno, ha estado presente desde hace muchos años y se ha recrudecido de 2016 a la fecha, como consecuencia de la Guerra contra las Drogas, así como por las fallidas políticas de seguridad y justicia, que pretenden resolver la violencia e impunidad a través del uso de la fuerza, de las armas y la profundización del paradigma punitivo.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, calculó que del 2016 al 2020 más de 356 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en México, sumándose alrededor de 40 mil más en 2021. Estas estimaciones son optimistas, considerando que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), estimó que 911,914 personas optaron por cambiarse de vivienda o lugar de residencia ya sea de manera planificada o abrupta para protegerse de la delincuencia.
Aún cuando se conocen estos datos, no existe un programa de gobierno eficaz para atender el problema y el único presupuesto que existe está siendo administrado por las comisiones de víctimas federal y locales. Sin embargo, estas comisiones se niegan a reconocer a las personas desplazadas como víctimas, a pesar de que la Ley General de Víctimas y las leyes locales en la materia lo establecen como una afectación independiente a otros delitos u otras violaciones a los derechos humanos. Esta situación les impide a los desplazados recibir apoyos de emergencia o medidas de seguridad y atención, permaneciendo por tiempo indefinido en condiciones de vulnerabilidad y sin poder satisfacer sus necesidades básicas.
Nos encontramos en el tercer sexenio presidencial desde que el desplazamiento se disparó en nuestro país y lo único que hace el Estado a nivel federal es “reconocer el problema”, a través de preguntar a la ciudadanía en la ENVIPE y simulando atención desde la Secretaría de Gobernación. Como si a través de preocuparse y contar a las víctimas de desplazamiento forzado, las familias pudieran regresar a sus hogares, se les devolvieran todos los bienes que perdieron y retomaran el proyecto de vida que se vieron obligados a dejar. A nivel estatal los estados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa, tienen una legislación para atender el desplazamiento, aún cuando ciudadanos en todo el país reportaron cambios forzados de vivienda a causa de la delincuencia en la ENVIPE 2021.
En 2019, tras meses de trabajos de diseño y discusión con la sociedad civil, se presentó y se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Esta legislación fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, pero al ser turnada al Senado para su aprobación se quedó guardada en un cajón y se ha mantenido congelada hasta el día de hoy. Esto sucede porque el grupo mayoritario está consciente que, de aprobarse esta ley, tendríamos que destinar una gran cantidad de recursos para realizar adecuaciones a la burocracia federal, así como para otorgar a las víctimas –presentes y futuras– medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño.
El desplazamiento forzado sólo se detendrá hasta que el Estado Mexicano cumpla con la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos. Estos sucesos seguirán ocurriendo si todos los casos en el país se mantienen en la impunidad como hasta hoy. La ausencia de apoyos gubernamentales y la falta de aprobación de la legislación para atender el desplazamiento forzado interno, mandan un mensaje claro para todas las personas que viven esta grave situación: o te mueves o te mueres, pues aunque necesites ayuda el Estado no hará nada por ti.
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