El nombramiento de la maestra Leticia Ramírez como titular de la Secretaría de Educación Pública nos advierte sobre la continuidad en el mal camino que lleva hasta ahora la política educativa en México. Los recortes presupuestales en el sector prevalecerán y seguirá el subejercicio en el gasto programado que hasta el día de hoy asciende a la vergonzosa cantidad de 25 mil millones de pesos –como si los recursos para la educación sobraran en nuestro país–. Las políticas educativas mantendrán su carácter retórico sin alcanzar sus objetivos o evaluar sus resultados; se continuarán sin atender las altas tasas de deserción ni los impactos en el aprendizaje que está dejando la pandemia.
¿Por qué me atrevo a decir esto sin dar siquiera el beneficio de la duda a la nueva secretaria? Porque la designación de la nueva titular de la SEP repite la fórmula presidencial de preferir la lealtad política sobre la capacidad técnica, la profesionalidad y la experiencia en la materia.
Aún cuando el Presidente y quienes defienden la designación de Leticia Ramírez destacan que, al igual que Delfina Gómez, fue maestra de educación básica frente al aula, además de representante sindical del SNTE y de la CNTE; lo cierto es que dejó de ejercer estas actividades desde hace más de veinte años, tiempo en el que se ha dedicado a temas que nada tiene que ver con dirigir políticas educativas de ningún tipo. Por lo que parece que, la nueva titular de la SEP, difícilmente estará preparada para afrontar todos los retos que dejó la malograda reforma educativa de Peña Nieto, el abandono presupuestario que enfrentan las instituciones educativas, así como el mayor rezago del que se tenga registro provocado por el COVID-19.
Garantizar el derecho a la educación para las y los mexicanos implica que el Estado asegure a todas las niñas, niños y jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria, tres condiciones elementales: acceso, permanencia y logros de aprendizaje; que sean relevantes, útiles y significativos para la vida. Con tal razón, este derecho sólo puede considerarse garantizado cuando todas y todos los estudiantes del país cuenten con un lugar donde puedan cursar sus estudios, existan los suficientes recursos y servicios dispuestos para el cumplimiento de este derecho y que, además, cuenten con la calidad necesaria para lograr satisfacer las expectativas laborales y salariales de un proyecto de vida digna.
El mal estado en el que se encuentra la educación en México tiene diversas consecuencias; entre ellas, que sigamos teniendo un déficit de conocimientos y de avances científicos y tecnológicos que se desarrollan en otros países. Estos años de pandemia nos han enseñado que no se pueden crear de la noche a la mañana soluciones milagrosas, sino que se requieren de instituciones educativas sólidas e independientes, que estén preparadas desde mucho tiempo antes para lidiar con las crisis existentes y aquellas por venir. Lo que no da espacio para realizar designaciones con base en cálculos de operación política, ni de relaciones personales o de amistad con el Presidente.
Aunque parezca un cliché, el futuro y desarrollo económico de México depende de la atención que pongamos en el sistema educativo nacional. Lo que está pasando en la SEP debería de preocuparnos a todos, las malas decisiones las estamos pagando caro hoy y nos causará un enorme daño en el mediano y largo plazo.
