Para José Manuel del Río y su familia: preso político del gobierno de Veracruz.
Los gobiernos autoritarios ven ante cualquier acto ciudadano que conlleva una crítica a su actuar, una supuesta mancha a su investidura. Toda persona que ha participado en manifestaciones y ejercido el derecho a la protesta por considerar que las actuaciones del Estado violan o restringen sus derechos, ha escuchado la frase “respéteme que soy la autoridad” por parte de funcionarios públicos y cuerpos policiales, ante los reclamos e indignación de una ciudadanía molesta.
Lo más común, afortunadamente, es que no pase de un regaño autoritario o una amenaza velada, pero ¿qué pasa cuando las autoridades cuentan con una herramienta para detener, perseguir y privar de la libertad a cualquier ciudadano por considerar que su comportamiento afectó o “ultrajó” a un servidor público? Pasa, como sucede en Veracruz, que más de mil personas se encuentran en centros de detención sin pruebas, sin juicio y sin sentencia. Solo, porque existe el delito de “ultrajes a la autoridad” en el código penal veracruzano, sirviendo como un medio para encarcelar inocentes y mantenerlos presos injustamente.
Organizaciones sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), activistas e incluso, políticos de todos los partidos políticos, están de acuerdo que este tipo de supuestos delitos son anticonstitucionales y promueven la violación de los derechos humanos. Por legitimar de manera sistemática y generalizada abusos en contra de la libertad e integridad de las personas.
En México, la figura de “ultrajes”, tiene un origen represivo y de control social de la disidencia. Ha servido históricamente para encarcelar estudiantes, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Por esta razón la figura que la antecedió, la de “disolución social”, fue abrogada después de la matanza de estudiantes en el 68, que tuvo como consecuencia la liberación de los presos políticos de Lecumberri en los años 70´s. En Veracruz, fue promovida por un gobernador extremadamente sensible a la crítica y a la rendición de cuentas, apoyada por una mayoría legislativa acrítica que levanta la mano sin considerar las afectaciones a las libertades de sus conciudadanos y, es ejecutada por jueces locales que actúan por consigna.
Este abuso de poder sigue manteniéndose por la soberbia e intransigencia de los tres poderes del estado veracruzano, a pesar de que es una acción bajo todas luces ilegal y que irremediablemente serán obligados a modificarla para proteger los derechos humanos.
En el caso del Gobernador, la presión social y una acción no jurisdiccional lo obligó a aceptar que está equivocado, que su propuesta legislativa fue represiva y se encuentra afectando a miles de personas. La CNDH tuvo que emitir una recomendación que acreditó que el gobierno de Cuitláhuac García violó los derechos humanos de seis jóvenes, víctimas de la existencia del delito de ultrajes a la autoridad y, al igual que el criterio de la SCJN en otros casos, esta Comisión se pronunció a favor de derogar este delito. Gracias a esta investigación y la intervención de un juez federal, los jóvenes pudieron recobrar su libertad. El Gobernador de Veracruz y la Fiscalía del Estado, tendrán que reparar todos los daños que les fueron causados, incluyendo una compensación justa y proporcional.
Por todo lo anterior, el sábado pasado, participé en el lanzamiento del Movimiento por la Justicia, en Xalapa, Veracruz, para protestar y realizar acciones para defender a todas las personas que se encuentran acusadas por este delito. A la convocatoria del Movimiento por la Justicia en Xalapa, acudieron activistas, defensores de derechos humanos, colegios de abogados y representantes de todas las fuerzas políticas de oposición.
Todos los asistentes, acordamos continuar con acciones legales y de protesta para defender a las y los detenidos y, para impedir que ninguna otra persona sea privada de la libertad por caprichos de cualquier integrante del gobierno de Veracruz. Como podemos ver, el derecho le da la razón al Movimiento por la Justicia, esperamos que las autoridades veracruzanas no esperen un minuto más para cambiar esta situación y que las víctimas de esta arbitrariedad puedan volver cuanto antes al lado de sus familias. De donde nunca debieron ser separados.
