El Presidente López Obrador se niega al diálogo directo, abierto y de cara a la nación, como ejercicio fundamental de la democracia. Rehúye a las exigencias sociales que le piden definiciones y aclaraciones sobre el rumbo del país ante los niveles de violencia, la crisis de justicia y el deterioro medioambiental. Por ello, durante lo que va del sexenio, les ha dado la espalda a las víctimas de la violencia y recientemente a los defensores del medio ambiente.
A los diálogos con estas poblaciones históricamente vulneradas, los ha llamado “espectáculos”, “ejercicios propagandísticos” y daños a la investidura presidencial, por supuestamente no querer sentarse en “el banquillo de los acusados”. Sin embargo, olvida que en varias ocasiones ha sido él quien ha hecho compromisos e invitaciones al diálogo, pero ha incumplido con su palabra. En mi opinión, por no querer afrontar la carencia de argumentos y acciones de su gobierno para detener la violencia, las desapariciones, los feminicidios y la destrucción del medio ambiente.
Los primeros diálogos a los que rehuyó el Presidente fueron con los colectivos de víctimas de desaparición y con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En junio de 2019, el Ejecutivo se comprometió con más de 50 organizaciones de familiares de personas desaparecidas a reunirse personalmente con ellas cada seis meses. Sin embargo, casi tres años después esto no volvió a ocurrir. “No nos ocultaremos. Por difícil, doloroso o incómodo que sea, trataremos este lamentable asunto. Siempre daremos la cara” fueron las palabras del Presidente, pero cada que hay manifestaciones de estos grupos frente a Palacio Nacional, minimiza sus exigencias, cambia de tema, les da la espalda y no los recibe, girando instrucciones para que sean atendidos por la Comisión Nacional de Búsqueda, sin que esta instancia dé resultados ante sus demandas.
Para el Presidente, la desaparición de personas es una deuda histórica heredada, a pesar de que alrededor de 1 de cada 3 personas desaparecidas a lo largo de los últimos 50 años han ocurrido en su sexenio. A nivel nacional Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México, son las entidades donde se reportan más casos en la actualidad.
Cuando era candidato, López Obrador acudió a dos diálogos convocados por el MPJD y decenas de colectivos de víctimas celebrados en el Museo de la Memoria y Tolerancia y el CCU-Tlatelolco. En ellos, el Presidente hizo el compromiso de crear una agenda de verdad, justicia y paz, invitando incluso a Javier Sicilia a ser parte de su gabinete, pero el poeta lo rechazó. En enero del 2020, ante la falta de la creación de esta agenda y el aumento de la violencia, las organizaciones de víctimas caminaron de Cuernavaca al Palacio Nacional exigiendo nuevamente un diálogo público al Presidente y que cumpliera con las promesas de campaña. Andrés Manuel, no sólo se negó a recibir a Javier y a los colectivos, sino los calificó de ser un “show” para afectar a su gobierno traicionando su palabra.
La última negación al diálogo ha sido con el colectivo #SelvaMeDelTren, conformado por artistas, ambientalistas, académicos y expertos en la zona donde se está construyendo el Tren Maya. Al saberse rebasado en argumentos y ante las evidencias de daños medioambientales, la presidencia canceló el diálogo que estaba previsto este lunes 25 de abril. Para el Presidente, la ausencia de uno de los artistas que declinó a su invitación, ha sido motivo suficiente para faltar a su palabra y dejar plantados a todas las demás personas que conforman el colectivo. Para #SelvaMeDelTren la inexistencia de los estudios de impacto ambiental sobre el nuevo Tramo 5 es la verdadera razón de rehuir el diálogo público.
Al Presidente, por lo visto, no le gusta dialogar ni cumplir los compromisos que ha hecho con estas comunidades, pues le rehúye a todo aquel problema que muestra cómo su gobierno le ha fallado al país. Finalmente, es más fácil hacerle oídos sordos a cualquier agenda que le incomode, pero no debe olvidar que estas comunidades seguirán gritando hasta que se les ponga verdaderamente atención y se resuelvan sus demandas. Tanto las víctimas de la violencia, como los defensores del medio ambiente, han denunciado, soportado y exigido a los gobiernos anteriores ¿quién pensó que no lo harían con el actual? más cuando la 4T está siguiendo los mismos pasos.
