A cuatro años del triunfo electoral de la autodenominada cuarta transformación, es evidente que no existe un cambio a fondo en la estrategia de seguridad. Los dos sexenios anteriores y lo que va del actual han mantenido a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública; le apostaron a la “Guerra contra las Drogas” privilegiando las incautaciones y erradicación de cultivos de opio y marihuana, causando la proliferación de las drogas sintéticas; y se sigue sin tocar a los grandes capos y a las estructuras políticas y económicas que los hicieron llegar a la cima de las empresas criminales. Tanto los gobiernos del PRI, el PAN y Morena, han acotado la legalización de la marihuana y mantienen la criminalización del consumo sobre las políticas de salud, basadas en el conocimiento científico y libres de prejuicios. Los cambios se quedaron en promesas y la estrategia se quedó en diseño.
A la par, la grave situación económica que está dejando la pandemia, el crecimiento de la desigualdad, así como la falta de oportunidades educativas, siguen alimentando a las bandas criminales con mano de obra que no encuentra otra forma de subsistencia más que abrazando los balazos y la delincuencia. En este sexenio, al igual que en los dos anteriores, presenciamos una guerra civil en donde unos mexicanos matan y desaparecen a otros y su sangre y ausencia se convierten en una fuente de dinero y poder. El dolor y sufrimiento alimentan la enorme corrupción del Estado en todos sus niveles; engordan a las empresas criminales y a los empresarios que lavan sus ganancias; y mantienen con vida a la industria armamentista a la que le da igual vender sus productos a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los cárteles de la droga o aquellos que se dedican a la trata de personas.
Nunca había existido un despliegue de Fuerzas Armadas como el que existe en este sexenio ni habían tenido tantas facultades para realizar labores de seguridad. Sin embargo, delitos como los homicidios dolosos, las desapariciones, las extorsiones, los robos, las violaciones y agresiones sexuales contra las mujeres siguen en aumento o han tenido una reducción marginal en comparación con los primeros dos años de gobierno de la 4T. Entonces ¿realmente qué está protegiendo la estrategia de seguridad? Si la vida e integridad de los mexicanos siguen siendo vulneradas y la ciudadanía sigue expuesta a la criminalidad.
Los intentos presidenciales por detener la violencia pretenden sustituir la justicia con dinero público invertido en infraestructura, becas y programas sociales; estrategia que muestra su fracaso al concentrarse en la construcción de un puñado de obras públicas que crean pocos empleos y recaudación, en becas y programas que no han detenido ni la desigualdad ni el crecimiento de la pobreza y que se caracterizan por su opacidad, sospechas de corrupción y clientelismo. Además de la falta de prevención, un componente fundamental que agrava el problema de la inseguridad son las altas tasas de impunidad, confundiendo los derechos humanos que tienen los delincuentes con la complicidad que significa mantener “territorios sin gobierno” y que prevalezcan las rutas para el trasiego de drogas que van hacia a los Estados Unidos.
La militarización lejos de preocuparse por la seguridad humana –centrada en las personas y las comunidades– prioriza la seguridad del Estado y sus instituciones. La estrategia de seguridad tiene como principales intereses proteger y concluir las obras faraónicas del sexenio; controlar el comercio, las aduanas y los transportes; salvaguardar a las inversiones de las industrias petroleras, mineras y extractivas; proteger los monopolios; así como apoyar las políticas migratorias impuestas por los Estados Unidos. Recordando que una quinta parte de los efectivos federales se despliegan en las fronteras para contener la movilidad de personas pobres que provienen de Centroamérica y el Caribe.
La estrategia de seguridad beneficia con contratos millonarios a empresas constructoras, a las compañías Olmeca-Maya-Mexica administradas por las Fuerzas Armadas y a los empresarios más ricos de este país, los cuales han crecido sus fortunas gracias al apoyo de la 4T. Recordando que los integrantes del Consejo Asesor Empresarial presidencial, conformado por un puñado de multimillonarios, se han beneficiado con la venta de sus productos, servicios y con la firma de contratos para la realización del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre muchos otros proyectos.
Después de 15 años de guerra, nos queda claro que no hay soluciones milagrosas para resolver el problema de la violencia, es un trabajo largo y laborioso que requiere de una atención integral. Una ruta que promueva el fortalecimiento de las instituciones civiles, la participación ciudadana, así como la garantía y respeto a los derechos humanos. La transformación de la estrategia de seguridad se dará cuando protejamos la vida, integridad y dignidad de las personas, sobre los intereses económicos y de protección a las instituciones del Estado. Un cambio de paradigma que aún no hemos iniciado en México.
