La pandemia ha profundizado las desigualdades. Haciendo énfasis en la disparidad de ingresos, la falta de oportunidades y acceso a los servicios públicos que están relacionados con la supervivencia, el sustento y la dignidad. Ante ello, diversos gobiernos y asociaciones internacionales están llevando a cabo acciones para reducir la pobreza y contrarrestar una tendencia donde el 1% de la población se lo lleva casi todo, permitiendo que un gran porcentaje viva con casi nada.
Las políticas contra la desigualdad que más han llamado la atención en los últimos meses, por ser encabezadas por el gobierno de Estados Unidos y por el Grupo del G-7 (conformado por los 7 países más ricos del mundo), son el paquete de impuestos a la riqueza, propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el acuerdo sobre la creación de un impuesto mundial sobre las ganancias de las multinacionales. Propuestas que tienen su antecedente en los estudios de economía y política pública de Joseph E. Stiglitz, Thomas Piketty, Esther Dufflo y Abhijit Banerjee, entre otros.
El presidente estadounidense, busca subir los impuestos sobre las ganancias de capital en aquellos que obtienen ganancias de más de 1 millón de dólares anuales (alrededor de 20 millones de pesos), reducir las exenciones fiscales con las que cuentan las y los herederos de las grandes fortunas y corporaciones, recuperar la recaudación de impuestos sobre el patrimonio que había disminuido en la era Trump, y aumentar los impuestos sobre las nóminas de las personas que ganan más de 400 mil dólares al año (alrededor de 8 millones de pesos).
Por otro lado, los países que conforman el G-7, acordaron implementar un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales, que irá en un mínimo del 15% en cada país en el que operan y así reducir drásticamente la evasión fiscal que actualmente empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple y, en general las grandes multinacionales, realizan en la actualidad a través de recovecos legales y paraísos fiscales.
Ambas políticas, tienen como objetivo base que paguen más los que más tienen. Sin embargo, para que estas políticas tengan verdaderos impactos para combatir la desigualdad, es necesario que lo recaudado sea invertido en mejorar el acceso y otorgamiento de servicios básicos hacia los ciudadanos de estos países y, sobre todo, como ya lo ha dicho la ONU y la OCDE, en atender la llamada Agenda 2030, en beneficio de todas las personas que habitamos este mundo.
Por otro lado, como también lo señalan estos organismos y la organización internacional OXFAM, es necesario pensar en la desigualdad social, no como un problema individual de cada estado, sino bajo un enfoque global, que toma en cuenta la cooperación internacional para el desarrollo y transformar las relaciones de poder y dependencia de la ayuda humanitaria. Para acabar con la desigualdad en el mundo, los países más ricos deben llevar a cabo políticas de “responsabilidad compartida”, asumiendo que muchas de las causas de la desigualdad son fruto de asimetrías económicas y de poder, causadas históricamente por los mismos países del G-7.
¿Y qué estamos haciendo en México para reducir las desigualdades y emparejar la cancha en términos sociales?
Salvo por lo hecho por el SAT dirigido por Raquel Buenrostro, que ha logrado una recaudación histórica por la fiscalización ejercida sobre grandes contribuyentes y que, por mucho, es una de las pocas dependencias del Gobierno Federal que actúa con profesionalismo y efectividad, parece que no mucho.
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México, junto con Chile y Brasil, son los países de América Latina en donde la desigualdad entre el 2000 y el 2019 ha crecido más. Lo que genera que un tercio de todos los ingresos en México se los lleve el 1% más rico de la población.
Es urgente que en nuestro país se lleven a cabo acciones en favor de la igualdad. Sin embargo, el presidente y el partido mayoritario en el Congreso, han decidido no contemplar este tipo de políticas recaudatorias que podrían ayudar, a través de los impuestos a los grandes capitales, a mejorar las condiciones de educación, salud y demás necesidades básicas de los más vulnerables. De hecho, en una reunión celebrada a principios de este mes con los empresarios más ricos de México, el presidente les prometió que no habrá aumento en los impuestos para las grandes corporaciones.
Resulta interesantísimo, que sean ahora los países que considerábamos “más neoliberales” quienes nos estén poniendo el ejemplo de que los impuestos progresivos serán uno de los caminos correctos hacia la igualdad de oportunidades de todas las personas en el mundo. Esperemos que el presidente cambie de opinión cuando elabore y presente la reforma fiscal que anunció hace unas semanas durante la mañanera, pues resultaría contradictorio que un presidente que navega con la bandera de poner siempre “primero a los pobres”, elija defender la riqueza de los más acomodados por encima de una recaudación en favor de la justicia social.
