La semana pasada, en la primera parte de esta reflexión, escribí respecto a la necesidad de implementar políticas recaudatorias en personas y empresas que forman parte del 1% de la población que concentran la mayor parte de la riqueza1. Ideas, que han dado como resultado que, el pasado 1 de julio, 130 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dentro de los cuales se encuentra México, emitieran una declaratoria histórica comprometiéndose a llevar a cabo una reforma al sistema tributario internacional, que tiene como objetivo garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos donde operen y obtienen ganancias.
Sin embargo, esto no es suficiente para asegurar la igualdad social, pues es necesario que estos recursos se destinen a mejorar las condiciones y oportunidades que tienen las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, y así gozar de una vida digna. Los impuestos que se recaben, tienen que tener la meta de lograr que todas las personas gocen del más alto estándar de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, libres de ser agredidos o amenazados, de la necesidad económica, social, ambiental y la miseria, y sin discriminación, exclusión e inequidad.
Bajo estos parámetros, pocas personas viven con dignidad en México. Es necesario tomar acciones de política pública para, primero; por razones humanitarias y por existir condiciones que históricamente han permitido estas desigualdades sobre extensas poblaciones y comunidades, erradicar la pobreza y pobreza extrema, que permite que personas vivan con un ingreso de un dólar al día y, en segundo; para que todas las demás personas que nos encontramos en una mejor situación, podamos lograr ser libres en los aspectos en los que aún no lo somos.
Aunque las necesidades de atención a las personas más vulnerables en un territorio varían por cada país, la Agenda 2030, también llamada Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos puede dar una idea de los problemas más urgentes a resolver. De manera sintética, los ODS se concentran en acciones concretas a favor de las personas (alimentarias, económicas, salud, educación, trabajo, igualdad, infraestructura e industria), del planeta y a favor del medio ambiente, y dirigidas a la consecución de una real cooperación internacional para alcanzar la paz y la justicia.
Recuperando propuestas de política comparada a nivel internacional, una acción que cada vez se discute con más frecuencia a raíz de la pandemia y las condiciones de desigualdad es la llamada Renta Básica Universal (RBU). El RBU consiste básicamente en el otorgamiento de un apoyo económico a cualquier persona con el objetivo de que pueda tener un ingreso que le garantice su subsistencia.
El RBU no pretende regalar dinero a personas que no lo necesitan. De hecho, existen diversos candados para que estos recursos lleguen a quienes más lo necesitan. En caso de que una persona solicite y reciba el RBU, pero que sus ingresos y declaraciones fiscales demuestran que no lo necesitaba o sólo requería de una parte de él, deberá regresar el recurso o la parte proporcional. Existen otras formas y diseños de políticas de universalidad, que se basan en la simpleza de que las transferencias de recursos se fueran reduciendo a medida que las personas tengan más dinero, llegando a un punto de “cero apoyo” a partir de percibir ciertos ingresos.
El RBU se comienza a probar con poblaciones piloto en algunos países, como Finlandia y Alemania, los cuales han reportado diversos beneficios, incluyendo que las personas que lo reciben tienden a trabajar más. Sin embargo, aún no logra popularizarse, básicamente porque cualquier tipo de programa que tenga como objetivo la inclusión de todas las personas en una nación es muy costoso y, en lugares como en México, donde los niveles de corrupción son altos y persiste la informalidad, se percibe como algo inalcanzable.
En la próxima entrega, continuaré describiendo posibles políticas para lograr que todas las personas puedan vivir con dignidad, recuperando acciones en favor de la infraestructura pública, medio ambiente y de paz con justicia.
