Existen muchas razones por las cuales podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la reforma que el Presidente quiere hacer al Instituto Nacional Electoral (INE), pero existe una en la cual deberíamos lograr un consenso en su defensa y que debería preocuparnos a todos: la permanencia del Servicio Profesional Electoral Nacional.
En general, todas y cada una de las instituciones deberían adoptar un sistema para garantizar que los servicios públicos sean encabezados por personas con alta calidad humana y probada formación, capaces de rendir cuentas respecto a la integridad y la efectividad de las funciones que realizan. Y, aunque en México pareciera que los servicios profesionales son comunes en las dependencias de los tres niveles de gobierno, estos en muchas instituciones no existen o no cuentan con suficientes candados para garantizar la independencia personal y política de los funcionarios que son elegidos. Causando que una vez que se obtienen los cargos, estos sean aprovechados para apoyar la perpetuidad de las personas y partidos que les permitieron obtener estos puestos.
En lo que respecta al servicio profesional de carrera con el que cuenta el INE, este se encuentra regido a nivel constitucional como un sistema garante de la profesionalización obligatoria de todas las y los funcionarios que conforman el instituto, así como de las personas que conforman los organismos electorales estatales. Gracias a este servicio profesional, toda persona interesada en formar parte del INE puede participar en las convocatorias públicas que se realizan previamente a los procesos electorales, consistentes en exámenes y pruebas de varios tipos para prevenir los conflictos de interés, la corrupción y garantizar la igualdad en la selección de los mejores perfiles.
Contribuyendo a contar con reglas claras de ingreso, capacitación, profesionalización, evaluación, rotación, permanencia, disciplina –rendición de cuentas– y administrar las promociones y ascensos. Siendo este servicio profesional la columna vertebral del INE y de su autonomía. De ahí su importancia y su defensa. Pero también, de ahí el interés del Presidente y su partido por desaparecerlo.
A Andrés Manuel López Obrador le incomoda el Servicio Profesional Electoral Nacional, porque está acostumbrado a regirse por la “lealtad ciega” al proyecto de transformación por encima de la integridad y la experiencia. Criterio que, como ya lo he dicho, seguirán defendiendo las personas más cercanas al Presidente, pues siempre habrá la mezquindad de aquellos y aquellas que quieran seguir encabezando instituciones o apoyar personas en puestos públicos sin tener los conocimientos ni la capacidad para ello.
Los más claros ejemplos de lealtad ciega lo encontramos en los “servidores de la nación” que más que actuar con la imparcialidad republicana requerida para no partidizar los apoyos gubernamentales, se convierten en herramientas de control del partido en el poder. Asimismo, en los pagos de favores a través de consulados y cargos políticos a ex gobernadores del PRI y del PAN y el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul de Estambul. Por su parte, los mejores ejemplos del servicio profesional de carrera del gobierno federal los tenemos en la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y en el Servicio Exterior Mexicano.
La razón de acabar con el Servicio Profesional Electoral Nacional –principal condición para garantizar la imparcialidad y autonomía del INE– es obtener la capacidad de contar con funcionarios defensores del partido Morena y leales a él, que perpetúen a la autodenominada cuarta transformación. Dejando de lado a personas profesionales que sí rindan cuentas al Estado Mexicano, con probada calidad humana y técnica. Por tanto, la defensa del INE y su servicio de carrera no es cosa menor, sin ella volveremos a las elecciones sin vigilancia ni controles efectivos, a la ya conocida dictadura perfecta en la que de vez en cuando acudiremos a las urnas para jugar a la democracia.