El militarismo representa la rendición de la paz ante la guerra, una vulneración de nuestras libertades y derechos civiles. Es la manifestación más profunda del deterioro de las instituciones civiles, en este caso representadas por el gobierno federal, que pretende, como se ha hecho desde que Felipe Calderón fue presidente, que los problemas se solucionen a través del uso de la fuerza, de las armas y la profundización del paradigma punitivo.
Lejos quedaron los días en los que el presidente y el partido mayoritario, criticaban las estrategias de seguridad de sus antecesores, prometiendo que de llegar al poder harían las cosas de manera distinta. De nada sirvieron años de investigaciones llevadas a cabo por la academia, ni los diálogos y reuniones de trabajo con las organizaciones civiles y colectivos de víctimas, que mostraban por medio de informes, estudios y testimonios de familiares de víctimas, que las políticas militaristas en lugar de resolver el problema lo profundizaban.
De nada sirvieron los mensajes en redes sociales simpatizando con el colectivo #SeguridadSinGuerra, por parte de figuras cercanas al presidente, colectivo al cual deberíamos escuchar y hacer caso de sus recomendaciones. Tampoco sirvieron los compromisos en el Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados se comprometieron a regresar a los militares a los cuarteles y llevar a cabo un proceso de profesionalización de la Guardia Nacional y de policías estatales y municipales. El presidente siguió viendo a través de un cristal verde olivo.
La propuesta del presidente institucionaliza la guerra y olvida un hecho que pareciera que todos desconocemos, los principales carteles del narcotráfico en México tienen en sus filas y nóminas a exmilitares y militares en activo. Desde el Cartel del Golfo y los Zetas, pasando por los miles de desertores con preparación militar en México y otros países que han engrosado los cuerpos armados de los carteles, hasta los casos de los generales Gutiérrez Rebollo, Alfredo Navarro Lara, Ricardo Martínez Perea y Juan Manuel Barragán, involucrados con grupos del narcotráfico. Y, aunque exonerado por el presidente, las sospechas en contra de Salvador Cienfuegos, tan sólo por nombrar algunos casos.
Por otro lado, si bien el número de homicidios y desapariciones se deben a acciones del crimen organizado, también se han documentado un número significativo de casos donde el Estado, por acción u omisión y representado por fuerzas policiacas y castrenses, han cometido cientos de atrocidades innegables, como las ha llamado la organización internacional Open Society.
Es necesario que el proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública que encabeza el presidente, de una vuelta de timón por una estrategia de seguridad humana y ciudadana que, de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, salvaguarde el centro vital de todos los seres humanos de amenazas críticas que escapan a su control. Entendiendo por “centros vitales” los derechos humanos, capacidades básicas y necesidades absolutas, que todas las personas e instituciones tienen la obligación de proporcionar, proteger y respetar; porque están relacionadas con la supervivencia, el sustento y la dignidad. Ponemos nuestra esperanza en las y los Senadores y Diputados libres, que no prospere la propuesta de integrar a la Guardia Nacional a la SEDENA.
Si creen que lo escrito anteriormente parte desde mi postura de Senador suplente de la oposición, les sugiero a quienes simpatizan con el presidente y sus aliado que hagan caso al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado por Ándres Manuel López Obrador, quien en 2018 ya lo denunciaba; la estrategia de seguridad de Calderón y de Peña y, ahora del propio Andrés Manuel, son un fracaso:
“Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado “populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos y lesionados; una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras. Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada.”
¿Cuánto tiempo más padeceremos de esta política?
