Vivimos en un país en guerra . Las cifras de homicidios y desapariciones que heredó este gobierno y que continúan acumulándose en el sexenio nos dan cuenta de ello. A pesar de que en 2023 se logró una disminución de los homicidios de aproximadamente el 7% respecto al 2022 –falta que el INEGI lo confirme–, en cambio, las desapariciones de personas siguen aumentando; llegando a más de 109 mil, 14 mil de ellas ocurrieron el año pasado.
Pese a los logros legislativos de los colectivos de víctimas y de las organizaciones sociales –la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del SNB, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura –, no existen resultados que nos permitan decir que el país está siendo transformado de un México violento a uno de paz, donde la impunidad sigue siendo la norma y la justicia la excepción.
Aun cuando la realidad nos golpea de lleno todos los días con noticias de sucesos criminales, la presidencia, la Segob y los gobiernos estatales, dicen atender a las víctimas como nunca lo habían hecho. Nada más lejano a la realidad. Los escasos resultados están centrados en justicias selectivas, apoyos asistenciales y aumentando presupuestos para las comisiones de búsqueda, más no para todas las demás víctimas entre las cuales se encuentran los feminicidios, la tortura, el desplazamiento forzado, la trata de personas y, en general, para todas las otras que son atendidas desde las comisiones de víctimas federal y locales.
El subejercicio de los recursos destinados para búsqueda y atención a víctimas, son un crimen en sí mismos. Nada justifica que los gobiernos de Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México, no utilizaran recursos para atender los daños personales y sociales relacionados con la desaparición de personas. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación se vuelven especialmente graves, cuando señalan irregularidades en la atención brindada por las comisiones de búsqueda federal y locales, así como en las comisiones de atención a víctimas.
A falta de una justicia sistémica y nacional, los pocos casos aislados en los cuales se logran avances se difunden desde las redacciones de las dependencias de comunicación social de los gobiernos, con la finalidad de simular que pueden ser ejemplos de que todo se hace bien y que se va por buen camino. Esto se muestra en casos como el atentado hacia Ciro Gómez Leyva, divulgando cómo se actuó con velocidad y probidad, pero no se reconoce que el 2022 fue el año con más periodistas asesinados en México. Y, cuando víctimas como Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez, confronta a los poderes públicos señalando que el 98% de los crímenes en contra de la libertad de expresión quedan impunes, se les ataca, violenta y estigmatiza.
Se habla de las detenciones de los grandes capos y se difunden las imágenes de los operativos, pero nunca terminamos sabiendo nada de sus redes criminales. Sobre los políticos, empresarios y bancos que los mantuvieron en la cumbre y lavaron su dinero. Nunca conocemos la realidad de las omisiones, negligencias y crímenes del Estado Mexicano que fortalecieron estas redes de complicidad y, lo que llegamos a saber, es gracias a los esfuerzos periodísticos como los de Anabel Hernández y a los juicios que se llevan a cabo en los Estados Unidos.
Ni Fox, ni Calderón, ni Peña han sido investigados y mucho menos juzgados, por los crímenes atroces que causaron sus decisiones políticas o por aquellos delitos que pudieron haber cometido con conocimiento de causa. Tampoco a los presidentes anteriores por la violencia política, sus nexos con el narcotráfico y el terrorismo de estado ejercido durante la llamada Guerra Sucia.
Es hora de pedir perdón y aceptar que ningún gobierno ha logrado la paz ni está dando pasos para ello. El Estado no está haciendo lo necesario y la sociedad civil organizada, diezmada por la actual administración federal, no está exigiendo con suficiente fuerza que la violencia se detenga. Si de verdad queremos transformar al país, debemos realizar todos los esfuerzos posibles para esclarecer los asesinatos, encontrar a nuestras y nuestros desaparecidos, identificar a quienes están en las fosas, detener la trata de personas y todo el conjunto de delitos que agravan a nuestra sociedad.
Es tiempo de asumir la responsabilidad frente a las víctimas, si el Estado y sus gobernantes no están dispuestos o no pueden hacerlo, que lo digan con claridad y que se hagan a un lado. Solo poniendo en frente a las víctimas, abrazando la lucha de las madres buscadoras y a todas aquellas personas que están cargando con las responsabilidades del estado en la lucha por la justicia, esto es realizable. Ya
lo han dicho antes los movimientos de víctimas: sin verdad y justicia no habrá transformación ni reconciliación ni una república amorosa, sino sólo más infierno. Se los debemos.
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