El derecho que la sociedad tiene de revocar el mandato que le fue conferido a sus gobernantes, es una conquista de la sociedad civil que demandaba una adecuada rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia participativa. Este derecho en México no nació con la 4T y ha estado presente desde hace muchos años en las Constituciones de diversos estados del país.
No olvidemos que el tema de la revocación tiene, también, como uno de sus orígenes a la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), que aglutinó en 2009 a miles de ciudadanos que no se sentían representados por los partidos políticos. De sus propuestas surgieron la consulta popular, las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes, con la convicción de saber que promover y fomentar diversas formas de participación fortalecen la democracia. De esta forma, el ANCA, trató de reflejar la idea de que la soberanía del pueblo va más allá del voto, cada cierto tiempo, y más allá de la partidocracia.
En lo que respecta a la revocación de mandato, no cabe duda de que puede atender una expresión de la voluntad de las y los electores, referente a la permanencia en un cargo que le fue conferido a una persona y satisfacer el interés público de elegir y remover en todo momento a sus gobernantes a través de un medio pacífico. Un aspecto importante en un país violento, que tan sólo durante el proceso electoral de 2021 dejó un total de 102 políticos asesinados.
Ante estas consideraciones, el próximo 10 de abril será la primera vez en México que este derecho ciudadano se lleve a cabo, lo cual debe reconocerse, ya que nunca se había logrado cumplir con los requisitos para que pudiera materializarse. Sin embargo, también es necesario darnos cuenta de que este ejercicio de participación pudo lograrse porque el Presidente y Morena convirtieron a una figura de revocación en una de ratificación o legitimación –por medio del mal uso de presupuesto público, del engaño y de propaganda ilegal–, como si esta legitimación no se hubiera dado ya, por medio del ejercicio del voto en 2018.
La revocación no surgió del interés del pueblo sino del interés de López Obrador que, a través del ejercicio de revocación de mandato, lo que quiere es promoverse así mismo y a su partido. Esto se hizo ya con la Consulta Popular, para supuestamente juzgar a los expresidentes, en la cual se demostró que el interés del presidente y sus aliados no era recabar la opinión de la ciudadanía sino medir su popularidad en lo federal y lo local. El ejercicio del 10 de abril servirá también para saber qué tanto son capaces de hacer los gobernadores morenistas, los secretarios de Estado, los burócratas de la 4T –civiles y de las Fuerzas Armadas– y sus futuros candidatos para quedar bien con él y obtener su apoyo.
El 10 de abril, por tanto, no se realizará un ejercicio de consulta para revocar el mandato del Presidente, sino una especie de focus group con costos millonarios al erario, para saber dónde apretar e invertir de cara a las siguientes elecciones municipales, estatales y presidenciales. Un gasto inútil para la ciudadanía, pero una buena inversión para la comunicación y propaganda política de Morena. Cuando se trata de los caprichos presidenciales, la austeridad republicana no aplica.
