En los últimos días, hemos visto cómo diversos candidatos a cargos de elección popular han sido víctimas de la violencia. Lamentablemente, la víctima más reciente Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora; fue asesinado mientras entregaba volantes con sus propuestas, de mano en mano y de cara a la ciudadanía, en la localidad que pretendía gobernar.
La violencia en periodos electorales no es nueva, tan sólo entre 2007 y 2015, los investigadores Guillermo Trejo y Sandra J. Ley, registraron 441 agresiones entre amenazas y homicidios a candidatos políticos. Para la elección de 2018, las agresiones continuaron llegando a un máximo histórico de 48 precandidatos y candidatos asesinados, en el entonces mayor proceso electoral mexicano, de acuerdo con el investigador Víctor Antonio Hernández.
Por otro lado, de acuerdo con la Revista Proceso en la jornada electoral del 1 de junio de 2018 al menos en la tercera parte de las entidades federativas hubo asesinatos afuera de los centros de votación, acoso a la prensa e intimidación de votantes; elección en la que supuestamente abrimos el paso hacia una nueva transformación democrática. Me da miedo pensar qué nos espera el 6 de junio, en un país polarizado, rehén del crimen organizado y sin capacidades de los partidos políticos para ponerse de acuerdo en favor de la ciudadanía.
Estos sucesos atentan directamente contra la democracia. La impunidad ante estos hechos debilita nuestras instituciones republicanas y convierten a las personas que queremos ejercer nuestro voto de manera libre en rehenes de la violencia.
Por otro lado, existen evidencias de la disminución de la participación ciudadana en los municipios y entidades donde se dan estas agresiones y en aquellos lugares donde se encuentran las tasas de homicidio más altas (Sandra J. Ley, 2018. To Vote or Not to Vote: How Criminal Violence Shapes Electoral Participation). Pareciera entonces, que las agresiones no sólo están dirigidas a las y los candidatos agredidos, sino también al electorado.
Si las personas a las cuales los ciudadanos quieren dar su voto no llegan a la boleta, ya sea por ser amenazadas o por ser asesinadas, se pierde el interés por salir a votar, ya sea por miedo, por no confiar en el proceso electoral o por no tener simpatía en el o la candidata seleccionada para reemplazar a quien fuera víctima de la violencia.
Esta situación materializa la preocupación de Javier Sicilia y los colectivos de víctimas que formaron el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que denunciaban en 2011 que, si no se detenía la violencia en México, en cada elección nos preguntaríamos ¿por qué cartel y por qué poder fáctico tendremos que votar?
Algo que parece claro es que, mientras sigan los niveles actuales de violencia y exista una parte de la sociedad sin acceso a la justicia, no podemos decir que en México las contiendas electorales son plenamente legítimas. El voto debe ser una herramienta democrática, para elegir o ser elegidos en libertad, sin unas elecciones en paz, nuestra democracia seguirá endeble.
La democracia no está dada, es una conquista histórica de nuestro pueblo. En su preservación y buen accionar, está el futuro de una sociedad libre y soberana. El perderla significaría el extravío de nuestras libertades a la tiranía y al mal gobierno, sin posibilidades de cambio.
