La división de poderes permite la vigilancia gubernamental por medio de controles recíprocos de contrapesos y frenos que impiden el ejercicio ilimitado e irresponsable de las actividades públicas. Uno de estos controles se ejerce desde el legislativo, por medio del ejercicio de comparecencias de funcionarias y funcionarios ante las y los integrantes del Congreso de la Unión.
En lo que respecta al Senado, del cual soy integrante, no existen bases de cómo realizar las comparecencias. El Reglamento de la Cámara de Senadores indica que, quienes deciden el formato son las y los senadores que integran la Mesa Directiva, lo cual reduce la posibilidad de un diálogo directo entre legisladores y el compareciente.
Existen diversos ejemplos de cómo el modelo actual de comparecencias en el Senado aportan muy poco a la democracia, transparencia y rendición de cuentas. A lo largo de los años, dependiendo del partido mayoritario, la forma en la que se han dado algunas comparecencias importantes pareciera que más bien es una conversación entre amigos o cómplices.
Basta recordar la última comparecencia de Genaro García Luna, en la cual integrantes del Partido Acción Nacional y de la entonces Mesa Directiva, acotaron su comparecencia a la no aceptación de cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), permitiendo que no respondiera cuestionamientos ante las acusaciones de su colusión con integrantes de grupos criminales a pesar de las protestas de la oposición.
En la comparecencia de José Antonio Meade en 2017, el entonces Secretario de Hacienda recibió aplausos acalorados por parte del bloque parlamentario del PRI y el Partido Verde, cuando declaró que, a pesar de trabajar en gobiernos panistas, en 2012 había votado por Enrique Peña Nieto. Un destape desde el Senado.
La comparecencia de la actual titular de la CNDH, es otro ejemplo vergonzoso de cómo se realiza este ejercicio en el Senado. En el marco de las fuertes exigencias ciudadanas por su renuncia, Rosario Piedra compareció en el Senado en un formato “a modo”, a puerta cerrada y sólo con la presencia de algunas y algunos senadores, sin presencia de medios de comunicación, ni transmisión por el Canal del Congreso. Lo que sabemos hoy de dicha comparecencia es la visión sesgada de quienes participaron en ella: para el grupo mayoritario respondió “como buena funcionaria”, para la oposición de manera “vergonzosa”. Lo cierto es que, quienes no estuvimos en la reunión, nunca sabremos lo que realmente contestó o la veracidad de sus palabras.
Con base en estos antecedentes, es claro que el formato de las comparecencias debe quedar estipulado con claridad en el Reglamento del Senado y no estar sujeto a la opinión de quienes integran la Junta de Coordinación Política, para evitar los sesgos partidistas que intentan beneficiar a funcionarios a través de acuerdos en el formato de sus comparecencias.
Las comparecencias deben ser públicas. Quienes comparecen deben responder de forma inmediata cada pregunta e interpelación formulada por las y los senadores, sin darle vuelta o sin negarse a responder cualquier pregunta relacionada con su gestión. El Senado por su parte, debe evaluar el desempeño de la administración pública y, en su caso, allegarse de elementos para el fincamiento de responsabilidades, en caso de encontrar inconsistencias en sus funciones.
Las y los funcionarios públicos debemos estar sujetos a los mayores controles sobre lo que hacemos con el poder. Frente a las demandas de la ciudadanía por transparentar nuestra actuación y rendirle cuentas, lo mínimo que podemos hacer es abrirnos al diálogo transparente, más allá de las comodidades propias del encubrimiento entre cuates.
