La corrupción, violencia y desigualdad son problemas que se combaten por medio de una fuerte inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación, y más allá de las fiscalías, las fuerzas armadas y los programas sociales. Es decir, por medio de un esfuerzo enfocado en habilitar espacios que cuenten con una comunidad consciente, comprometida con la verdad y con autonomía para realizar investigaciones y propuestas libres. Espacios que tengan la posibilidad de cuestionar a los poderes políticos legalmente constituidos y aquellos fácticos, que basan su poder en la violencia, pero también en el autoritarismo ideológico.
Por ello, la resistencia que en los últimos años han llevado a cabo la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es una acción que va más allá de este Centro de Investigación. Representa un llamado a todas las universidades del país, a dejar nuestra parálisis ante los embates del Estado. ¿Cuánto más esperaremos como instituciones de educación superior para alzar la voz, manifestarnos en las calles y hacerle frente a quienes buscan intervenir a las Universidades como lo está haciendo el CIDE?
Primero se redujo hasta en un 75% el presupuesto para el gasto operativo de los Centros de Investigación, después desaparecieron los fideicomisos dedicados a la promoción de la ciencia. En este sexenio también se han reducido en términos reales los presupuestos anuales para las universidades públicas y en 2022 se seguirán sumando más instituciones a las 11 que ya durante este año se encuentran en una quiebra técnica, obligando a las universidades estatales a un programa de “disciplina financiera” que no es otra cosa más que la pérdida de derechos laborales de las comunidades y la continuidad de las políticas neoliberales por medio de la reducción de la participación del Estado en la inversión en educación.
La resistencia del CIDE nos alerta respecto a la cada vez más común intervención de los gobiernos para controlar los espacios de toma de decisiones en las instituciones de educación superior. Sin ser ingenuos, sabemos por medio de la experiencia quienes tenemos como proyecto de vida la profesión académica, que la elección de los rectores y los directores son procesos en los que se busca cuidar los pesos y contrapesos entre trabajadores, académicos y estudiantes, para mantener la unidad y el apoyo social. También se busca contar con perfiles que puedan dialogar y cuenten con legitimidad frente a la comunidad y con los poderes externos.
A través de sus comunicados y acciones, la comunidad del CIDE, y en especial la estudiantil, han expresado con toda claridad que el actual director interino no cuenta con su apoyo ni con la legitimidad para llevar a cabo la tarea de dirigir este Centro de Investigación. Lo sucedido el viernes ante las manifestaciones frente a las oficinas del CONACYT demostró que, en caso de ser impuesto, trabajará para un grupo político y no para la comunidad del CIDE.
El CIDE y su comunidad en resistencia nos muestran también la importancia de no caer en el juego de la polarización y la descalificación gratuita. Las y los estudiantes y académicos que se manifestaron el viernes saben bien que este conflicto no es una disputa por el poder ni una lucha de liderazgos: es una resistencia, como lo enunciaron en el pliego petitorio, por la democracia en los procesos de elección internos, por la autonomía y libertad de investigación y por el respeto a la dignidad de las personas que integran la comunidad universitaria.
