La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó al Congreso de la Unión el informe sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Básicamente, la ASF hace una revisión de los programas y la aplicación de recursos públicos, con el objetivo de comprobar que lleguen al destino dispuesto y que las acciones de gobierno se cumplan conforme a lo que establece la ley. En un sentido más amplio, es una lectura de cómo el Estado administra los recursos para garantizar nuestros derechos.
En un país con serios problemas de corrupción –como lo muestra el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional– cada peso que se ejerce tiene que ser monitoreado para sacarle el mayor provecho posible, ejercerlo en los términos en los que fue planeado y para que no termine en las manos de políticos, burócratas y criminales. Aunque las presuntas irregularidades observadas por la ASF pueden ser solventadas en próximos días por los entes públicos, señalan ciertas acciones que siguen persistiendo en el gobierno y que promueven la opacidad y el despilfarro de recursos.
Pasan los sexenios, las ‘transformaciones’ y los cambios partidistas en la nación, los estados y los municipios, pero permanecen las malas prácticas: adjudicaciones directas que no garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad; entrega de recursos a personas que no cumplen con los requisitos de los programas o se deposita a otras que no estaban inscritas a ellos; se sigue sin acreditar millones de pesos en depósitos a beneficiarios de los programas sociales y, como en las pensiones federales, se continúa ‘dando recursos’ a miles de personas fallecidas.
Cada año, estas prácticas son frecuentemente observadas por la ASF y otros organismos fiscalizadores. Con relación a este sexenio, fueron ya señaladas en la Cuenta Pública 2019 pero parece que las autoridades no aprendieron nada de ellas. Por ignorancia o por complicidad criminal, las malas prácticas persisten, impactando de forma negativa en la obligación que tiene el Estado para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía y en especial de los más vulnerables.
Un dato relevante de la Cuenta Pública 2020 nos alerta que, a diferencia de lo que piensa el Presidente, utilizar a las Fuerzas Armadas para diseñar y construir obras públicas no las blinda de la corrupción. En cambio, se reporta, por nombrar sólo un caso, que en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional no reportó hasta ahora egresos por 20 mil 243.1 millones de pesos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Administración de Equipo Militar –sí, algunos fideicomisos fueron protegidos y siguen vigentes– ni existe claridad en el uso de materiales que fueron reciclados del aeropuerto cancelado. Sin olvidar que una gran parte del gasto ejercido por las fuerzas castrenses se mantiene reservada por tratarse de asuntos de “seguridad nacional”.
Los resultados de la ASF tienen que ir más allá de lo mediático y ser un mecanismo para combatir la corrupción y la impunidad, para que ningún peso sea despilfarrado y para que los recursos garanticen en el sentido más amplio nuestros derechos. Auditorías pasan y el Estado no aprende, esperemos que este no sea el caso.
