Las políticas de paz, seguridad y justicia del Presidente López Obrador son, en forma y fondo, idénticas a las de los sexenios de Calderón y de Peña; expresidentes que deberían estar siendo investigados por la violencia que generaron sus decisiones de política pública y que provocaron cientos de miles de asesinatos y decenas de miles de personas desaparecidas en México. Andrés Manuel sigue viendo al país bajo un cristal verde olivo y decidió no hacer caso de las investigaciones hechas por las organizaciones sociales, como Amnistía Internacional y #SeguridadSinGuerra, que señalan que las políticas militaristas en lugar de resolver los problemas los profundizan.
El cambio del discurso al inicio del sexenio y la voluntad de López Obrador para resolver casos como el de Ayotzinapa, contrastan con la traición a sus compromisos de campaña. Los electores apoyaron un proyecto basado en la promesa de cerrar la puerta a la militarización y abrirla a una ruta de seguridad humana y ciudadana para alcanzar la justicia y la paz. Sin embargo, por desgracia, llevamos tres sexenios en los que se promueve la guerra, se mantiene la impunidad y se sigue simulando la justicia, ante la persecución selectiva de políticos y criminales.
El Presidente dice no ser lo mismo que sus antecesores, así como Morena diferente a los partidos del PRI y del PAN, pero la carencia de ética de la 4T y la imposibilidad seguir negando que apoyan la militarización, hizo que López Obrador justificara sus decisiones declarando que “cambió de opinión” sólo después de convertirse en el sexenio con el mayor número de homicidios del que se tenga registro, pero sin ningún proceso de rendición de cuentas ante el fracaso de la estrategia de seguridad que hasta ahora ha implementado.
Es fundamental resaltar también que pasar la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, es un menosprecio y desdén hacia las decenas de recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido contra las fuerzas armadas por las ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura que han cometido desde el 2006 hasta hoy. Esto sin contar a todas las organizaciones internacionales de protección de derechos humanos, como la ONU y la CIDH, que se han pronunciado por el peligro del uso del ejército en el combate a la delincuencia, así como recomendado el retiro de las fuerzas armadas de las tareas policiacas.
El general secretario dirá que son “comentarios tendenciosos”, cerrando filas con el ejecutivo, más no con el Estado Mexicano, ejerciendo una participación y presión política activa, hacia quienes cuestionan la militarización del país y a quienes le recuerdan que los principales carteles del narcotráfico en México han tenido en sus filas y nóminas a exmilitares y militares en activo. Hoy, el ejército nos pide confianza, cuando ha tenido eventos recientes tan vergonzosos como su participación en el caso Ayotzinapa y su ausencia para detener la masacre de Allende y Piedras Negras de 2011.
“Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron", frase que perseguirá por siempre a López Obrador, siendo un reflejo de la improvisación en lo que se convirtió su gobierno. Con esas palabras se justifica la persona que dice que la 4T es la respuesta ante todos los males, la misma que hará todo para institucionalizar la militarización que inició Felipe Calderón, quién lo diría.
Ambas declaraciones, tratan de lavar sus respectivas culpas y darle toda la responsabilidad al pasado, justificando la inoperancia que han tenido para garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos en la actualidad.
A dos años de que termine su gestión, López Obrador decidió terminar de institucionalizar la militarización. Repitiendo las mentiras de que esta vez más militares en las calles sí son la respuesta y, que la guerra y la violencia, son responsabilidad de una sola época y sólo de sus opositores. Si él no es el responsable por los fracasos en su gobierno, las masacres, desapariciones y tragedias ocurridas en su mandato ¿entonces quién lo es?
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