La gestión de María Elena Álvarez-Buylla, al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha recibido duras críticas por parte de diversos sectores que se dedican a la actividad científica, tanto en el sector público como privado. Lo cierto es que, independientemente de la dirección del Consejo, su trabajo está alineado y regido a la visión presidencial que no considera a la ciencia e innovación como un tema prioritario.
A pesar del golpe de realidad del COVID-19, respecto a la necesidad social de invertir lo necesario en investigar, desarrollar, crear y seguir innovando, desde vacunas hasta cualquier componente que nos permita mejorar la vida de las personas, en todas las esferas del bienestar y del medio ambiente; México, es uno de los países pertenecientes al G-20 que menos invierte en ciencia y, a pesar de que a nivel global el gasto global en investigación creció por la crisis sanitaria, nuestro país redujo el presupuesto destinado para ello, en 2021, México invertirá sólo un 0.31% de su PIB en el rubro.
El gobierno no está preocupado por la precarización de la actividad científica, ni educativa. Los recortes y la extinción de los fideicomisos hablan por sí solos, se ensaña en hacer todo lo posible por reducir los apoyos e incluso, se ha atrevido a estigmatizar y criminalizar su labor, refiriéndose a la comunidad científica como “turistas” por acudir a realizar estudios o prácticas al extranjero o “aviadores” para justificar la reducción o desaparición de los fondos.
Para ponerle rostro a la grave situación en la que se encuentra la ciencia en México, basta con seguir la lucha que están emprendiendo las y los integrantes de las áreas científicas, tecnológicas y humanísticas que forman parte del Programa Investigaciones Cátedras que, ante los embates y retrocesos laborales del Conacyt, formaron el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt, con la finalidad de lograr la firma de un contrato colectivo de trabajo para obtener certidumbre sobre su labor y que su programa tenga continuidad, para que sea considerado como política pública.
Otros ejemplos son la lucha emprendida por las mujeres beneficiarias de las becas a Madres de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, a las cuales el Conacyt mantiene un retraso de siete meses en la entrega de los recursos, lo que podría generar que tengan que dejar sus estudios por la falta de apoyo; y, el litigio que emprendió la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior en México A. C., para que los miembros del SNI que colaboran en universidades privadas no pierdan sus estímulos.
En este marco de falta de atención por parte de Conacyt y el gobierno federal, es una buena noticia que la Ley permita que las multas impuestas por el Instituto federal Electoral (INE) a los partidos políticos que cuentan con un registro federal, sean destinados al apoyo de la ciencia, tecnología e innovación, que podrán ser ejercido por el Conacyt. Este año las multas ascienden a $1,203 millones de pesos, que le ayudarán al Consejo para cumplir con sus obligaciones.
Independientemente de cualquier apelación o lo que opinemos respecto a los montos impuestos por el INE, personalmente creo que las multas a Movimiento Ciudadano y específicamente aquellas relacionadas con la campaña de Samuel García son injustas, todas y todos debemos asegurarnos de que los recursos se destinen a aportar en los pagos de las becas que se encuentran con retrasos, dirigirlos a las y los estudiantes de excelencia que han sido aceptados en universidades en el extranjero, y a las y los científicos que realizan su labor en universidades privadas.
Es de suma importancia que estemos pendientes del uso que Conacyt haga de estos recursos, la comunidad científica requiere de todo nuestro apoyo. No permitamos que los pocos fondos que existen terminen en fiscales que plagian o en personas incondicionales del gobierno en turno.
