Esta semana iniciaron ya de manera formal y generalizada, prácticamente todas las campañas electorales, particularmente las que hacían falta en el ámbito local en esta transición gubernamental de algunos estados, municipios y congresos locales. Me llama triste y poderosamente la atención la poca calidad de las propuestas en algunos casos y en otros el nulo entendimiento del problema que más aqueja y preocupa a la sociedad mexicana, que es la violencia y la inseguridad prácticamente generalizada en todos los rincones de nuestro país.
A excepción de la gran propuesta inteligente, valiente y bien estructurada que ha presentado la candidata Libia Dennise Garcia Muñoz Ledo en el estado de Guanajuato, no veo hasta el momento en ningún otro rincón de nuestro país a candidata o candidato a algún gobierno estatal o municipal especialmente aquellos convulsionados por los enormes niveles de violencia, que esté planteando, entendiendo o cuando menos proponiendo estrategias sólidas que permitan generar en términos tangibles una verdadera esperanza para resolver este lamentable problema que le cuesta la vida a cuando menos 80 mexicanas y mexicanos todos los días.
He llegado a leer en redes sociales o medios de comunicación propuestas tan absurdas como el instalar casetas policíacas en municipios con una grave problemática de presencia y de acción criminal y con altos niveles de homicidios como si esas propuestas realmente tuvieran lógica y sentido operativo o de orden presupuestal para resolver la problemática que aqueja en esa regiones. También en estas etapas de pone de moda la utilización de retóricas que cada tres o cada seis años se escuchan en los discursos de las y los aspirantes algún cargo de elección popular, desde el esquema de apostarle a la prevención o a la policía de proximidad sin entender la naturaleza y el objetivo fundamental de estos conceptos sumamente técnicos.
Una verdadera propuesta de política pública en materia de seguridad y de procuración de justicia tiene una serie de elementos fundamentales que los expertos en diferentes regiones del mundo plantean con una lógica muy sencilla de entender. En primer lugar, el desarrollo de estas propuestas deben venir acompañadas de un análisis y un diagnóstico de la realidad criminal, que de la región que se pretende gobernar o influir institucionalmente, dicho diagnóstico se desarrolla en dos vertientes, la primera la seguridad objetiva, es decir cuál es en base a la incidencia delictiva la realidad criminal y los principales retos en materia delictiva que tiene esa región, es decir, delitos de orden patrimonial, los delitos que atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos o aquellos que por su propia naturaleza afectan a grupos vulnerables, además del análisis de la seguridad objetiva, se debe entender lo que se denomina la seguridad subjetiva, cuál es la percepción ciudadana en esas regiones y de qué forma se pretende involucrar y construir la tan indispensable confianza ciudadana en las instituciones para poder cerrar el círculo que permita un trabajo articulado entre sociedad y gobierno para enfrentar estos temas.
Además debe existir un diagnóstico de orden institucional: cuáles son las verdaderas capacidades institucionales en estados o municipios para atender o enfrentar estos fenómenos, cuáles son las dimensiones del rezago institucional que respaldo de parte de carácter presupuestal y qué modificaciones tendrían que desarrollarse en el ámbito legal o en temas tan importantes como el impuesto predial, cuyo impacto principal es el financiamiento de la parte de la seguridad municipal.
En resumen en México no estamos entendiendo las dimensiones de la crisis de violencia que padecemos, por eso es tan pobre la oferta electoral para atender las causas y los efectos de este trágico fenómeno criminal.
