La jornada electoral de 2023-2024 será recordada como una de las más violentas de la historia reciente de México. A pesar de los intentos del presidente por minimizar la magnitud de la violencia, las cifras hablan por sí solas. Según organizaciones como Data Cívica, durante este periodo se registraron más de 40 asesinatos de candidatos, cifra que el presidente redujo a seis en sus declaraciones públicas. Estos datos, reflejados en el informe de la misma organización, detallan 95 asesinatos de funcionarios, 25 familiares de personas ligadas a la elección, 21 autoridades electorales y 31 militantes de partidos políticos. Además, la iniciativa Laboratorio Electoral reporta 272 casos de violencia, incluidos 65 atentados, 108 amenazas, 17 secuestros y 82 asesinatos, de los cuales 34 eran aspirantes a cargos públicos.
Es evidente que la violencia electoral ha alcanzado niveles alarmantes y, ante esta realidad, el próximo sexenio debe enfocarse ineludiblemente en pacificar el país. No se trata solo de una cuestión de seguridad pública, sino de la esencia misma de la democracia mexicana. El nuevo gobierno que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad única para abordar este desafío de frente y con transparencia. No podemos permitir que las mentiras y la manipulación cotidiana desde las altas esferas del poder continúen erosionando la confianza pública.
La negación de la realidad y la manipulación de las cifras desde el Gobierno Federal no solo desinforman a la población, sino que la someten a vivir dentro de la esfera de la inseguridad, un engaño que llevará a las comunidades tarde o temprano a la tragedia, para mí eso es lo más grave. Socavar la confianza de la gente jamás es válido y es más una estrategia de personajes que son enemigos de estado.
Entiendo, desde el estadio actual de la realidad política mexicana, que el gobierno puede optar por mentir sobre su estrategia de seguridad fallida por varias razones: admitir errores en la gestión de la seguridad pública puede erosionar el apoyo popular del gobierno; reconocer la ineficacia de sus políticas podría interpretarse como una muestra de incompetencia, debilitando su capacidad para mantener el control, y perder la legitimidad ya debilitada de facto frente a la población lastimada por el crimen organizado.
Cabe recordar que anunciar que se reducen los índices de percepción de la inseguridad, como estrategia política, no equivale a disminuir la incidencia del crimen organizado. No confundamos las cosas ni a las personas.
Cuando un gobierno deliberadamente engaña a la población, traiciona esa confianza y compromete la integridad del contrato social. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de exigir la verdad de sus líderes, y la presión pública es una herramienta poderosa para lograr cambios significativos. Esta respuesta colectiva, por ejemplo, no solo es una forma de resistencia contra la corrupción y el abuso de poder, sino también una manifestación del compromiso ciudadano con la democracia y los valores de la transparencia y la verdad. Así pues, un gobierno que engaña a su gente subestima la capacidad de la sociedad para luchar por el bienestar común y menosprecia la inteligencia de las y los ciudadanos.
