El posicionamiento geográfico de México ha sido siempre un punto de encuentro, pero también de conflicto. Esta realidad se manifiesta de diversas formas, ya sea en el ámbito político, en la constante polémica o, lamentablemente, en la espiral del crimen. La reciente visita del secretario de Estado Antony Blinken a nuestro país pone de manifiesto la complejidad de nuestra situación geopolítica y sus repercusiones en la vida cotidiana, especialmente para los migrantes que atraviesan nuestro territorio.
Viajando un poco al pasado, la investigación realizada por Simón Pedro Izcara Palacios, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, arroja luz sobre una realidad que ha ido en aumento desde 2007: el secuestro de migrantes centroamericanos en tránsito. Lo que antes era una actividad llevada a cabo por bandas desorganizadas a pequeña escala evolucionó hacia una empresa delictiva operada por organizaciones criminales de gran envergadura.
La delincuencia organizada ha encontrado en el secuestro de migrantes una fuente estable de ingresos, destinada a contrarrestar las pérdidas económicas derivadas del declive del negocio del narcotráfico y los costos generados por enfrentamientos con el Ejército y otros grupos delictivos, sobre todo en el norte del país. Esta práctica, que se gestaba desde los años noventa a escala reducida, ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Los migrantes centroamericanos se convirtieron en una fuente de ingresos para los cárteles de la droga. En primer lugar, a través del pago de rescates derivados de los secuestros; en segundo lugar, mediante el pago de cuotas por atravesar territorios controlados; y en tercer lugar, mediante el ingreso forzado en las filas de la delincuencia organizada, donde se ven obligados a trabajar en un régimen de esclavitud.
La visita de Antony Blinken resalta la necesidad de abordar estas cuestiones no solo desde una perspectiva diplomática, sino también con un enfoque integral que involucre medidas de seguridad, protección de derechos humanos y cooperación regional. De este encuentro bilateral entendemos que se acordó trabajar en la promoción de vías legales de movilidad humana, hasta la fecha hay 10 mil personas que todos los días intentan cruzar a Estados Unidos.
Como es usual, el presidente López Obrador exaltó y defendió la continuidad de los compromisos diplomáticos con los países de la región y solicitó que Estados Unidos apoye la creación de programas de desarrollo verdadero para Centro y Sudamérica.
No obstante de estas reuniones de diplomacia urgente, recordemos que hasta la mitad de este 2023, las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, dan a conocer que 325 migrantes han desaparecido a lo largo de su trayecto en nuestro país, cifras contrapuestas con las que dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda hasta el 24 de agosto de 2023, según su informe: 1801 personas de 55 nacionalidades se han reportado como desaparecidas en México. No observamos aquí ninguna urgencia del gobierno mexicano de dar a conocer la realidad de los migrantes a los que se supone defiende.
El problema migratorio se ha convertido en una bomba de tiempo, añadiendo una capa adicional a la creciente violencia que aqueja al país. No se cuestiona el derecho fundamental de las personas a migrar, pero es imprescindible señalar la carencia de una estrategia efectiva que, en lugar de abordar los problemas dentro de las fronteras mexicanas, parece centrarse en soluciones más allá de ellas. La falta de coherencia en las estadísticas y la aparente subestimación de la magnitud del problema plantean interrogantes sobre la seriedad y la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora. La frase “hermanos migrantes”, repetida como mantra en nuestro país, no abona a la realidad es demagogia pura.
México y Estados Unidos generan hoy una estrategia migratoria vaga y paliativa de cara, en ambos casos, a las elecciones del 2024. Los partidos en turno no desean abandonar el poder.
Exsecretario de seguridad
Fundador de AC Consultores
