Las imágenes se difundieron rápidamente a nivel global en cuestión de minutos: un grupo compuesto por 13 individuos, equipados con armas cortas, armas largas y explosivos, irrumpió de forma violenta en las instalaciones de un canal de televisión en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero. Durante la transmisión en vivo, sometieron a los conductores, técnicos y a todo el personal presente en un acto que generó conmoción.
La noticia se propagaba rápidamente a través de todos los medios y plataformas, sumándose a los eventos delictivos que ya afectaban a los centros penitenciarios de dicho país. Esta situación surge como una reacción criminal a las medidas implementadas por el recién asumido Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de 35 años, quien asumió el cargo el pasado 23 de noviembre. Entre las medidas adoptadas se encuentran la declaración del estado de emergencia, la imposición de toque de queda, la restricción de los derechos de libre movimiento y de reunión, así como la autorización para que la policía y las fuerzas armadas ingresen a los hogares sin necesidad de una orden judicial.
Estas decisiones presidenciales sin precedentes son una respuesta directa a la creciente realidad criminal que ha marcado la vida en ese país, una situación que ha empeorado desde febrero de 2021. En ese mes, se registró una masacre en la penitenciaría de Litoral, donde perdieron la vida 79 personas. Este episodio fue seguido por otro trágico suceso en septiembre del mismo año, en el cual un total de 116 individuos fueron asesinados en un contexto de 18 enfrentamientos en diversas cárceles. Estos eventos resultaron en la trágica pérdida de la vida de 450 reclusos a lo largo del año, marcando un periodo de violencia sin precedentes en los centros penitenciarios.
Los Choneros, considerada la organización criminal más influyente en Ecuador y con presuntos vínculos con las FARC y el Cártel de Sinaloa, junto con grupos como los Lobos, Tiguerones, Águilas y Lagartos, han desempeñado un papel crucial en el aumento significativo de la incidencia criminal en los últimos tres años. Esta escalada se refleja en las estadísticas, pasando de una tasa de 7.8 homicidios por cada
100 mil habitantes en el año 2020 a un alarmante índice de 42.6 en el 2023. Este último año, recién concluido, se posiciona como el más violento en la historia de Ecuador, con un total de 7,592 homicidios registrados, en marcado contraste con los 4,603 casos reportados en el 2022.
Ecuador alberga aproximadamente a 18 millones de habitantes, una cifra cercana a la población del Estado de México, que cuenta con alrededor de 17 millones de residentes. La situación criminal que atraviesa Ecuador guarda notables similitudes con la que enfrentan otros países de la región. Destaca la respuesta del Presidente Daniel Noboa, cuyas actitudes y decisiones institucionales extremas son prácticamente un reflejo de las adoptadas por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Este paralelismo en las medidas adoptadas por ambos líderes refleja una tendencia a estrategias más firmes y drásticas en la lucha contra la criminalidad en la región.
La sorpresa y los comentarios en torno al incidente del asalto al canal de televisión fueron notablemente significativos en todos los niveles sociales y rincones de nuestro país. La posibilidad de presenciar electrónicamente, casi en tiempo real, el momento en que estos criminales perpetraban el asalto generó una reacción vibrante en el ánimo de millones de personas. La instantaneidad de la información y la magnitud del suceso provocaron un impacto palpable y crítico en México.
No obstante, sin menospreciar la impactante magnitud del suceso en Ecuador, parece que como mexicanos, tendemos a sorprendernos de la paja en el ojo ajeno, descuidando los enormes desafíos que enfrentamos internamente. Nuestra realidad, expresada en cifras numéricas, la crueldad de la violencia, los miles de desplazados a causa de la inseguridad en diversas regiones del país, las numerosas personas desaparecidas y las constantes masacres, no dejan lugar a dudas de que nuestra situación es dramáticamente más grave y vergonzosa en comparación con los eventos recientes en el canal de televisión de Guayaquil y la violencia que aflige a esa nación. Es un recordatorio contundente de la necesidad de abordar con urgencia los desafíos internos que enfrentamos como sociedad.
Al menos podríamos encontrar algo envidiable en nuestros hermanos ecuatorianos. A pesar de la creciente violencia que enfrentan, cuentan con un nuevo gobierno que, a diferencia del nuestro, no oculta, disfraza, niega ni responsabiliza a sus adversarios políticos por la realidad criminal que se normaliza cada vez más en nuestras instituciones y en una sociedad que parece darle menos valor a la vida y a la tranquilidad. La transparencia y la honestidad gubernamental frente a estos desafíos son aspectos que, al menos, podríamos considerar como un ejemplo a seguir en medio de las dificultades compartidas.
