La relación entre los jueces en México y el crimen organizado es un tema que, lamentablemente, se ha vuelto recurrente en la discusión pública y mediática. La independencia judicial, una piedra angular del Estado de derecho, se ve constantemente amenazada por las dinámicas de poder y corrupción que imperan en el país. Hoy que la reforma al Poder Judicial se ve como un hecho, vale la pena preguntarse si esta reforma generara un cambio de raíz en el proceder de los jueces.
Los jueces, quienes deberían ser garantes de la legalidad y la justicia, no están exentos de esta problemática. Recientemente, la justicia mexicana muestró una vez más su vulnerabilidad. El juez de control Rogelio León Díaz, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo”, por su presunta responsabilidad en delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. La razón de este proceder fue: las supuestas irregularidades de la Guardia Nacional durante su detención en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Este tipo de acciones refuerzan la percepción de que el sistema judicial está alejado de la justicia real y cerca del crimen organizado.
Diversos casos y estudios han evidenciado cómo el narcotráfico y otras organizaciones delictivas han logrado infiltrarse en el sistema judicial, poniendo en tela de juicio su independencia y eficacia. La relación entre el poder judicial y el crimen organizado no es un fenómeno nuevo. Desde los años 80, con el auge del narcotráfico, México ha sido escenario de numerosos escándalos de corrupción judicial. Sin embargo, en los últimos años, esta relación se ha intensificado, afectando gravemente la confianza pública en las instituciones.
Uno de los casos más sonados es el del exjuez federal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, acusado de tener vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva luego de liberar a Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y también a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”; casos que ejemplifica cómo altos funcionarios judiciales pueden ser corrompidos. La corrupción en el sistema judicial mexicano no es un acto aislado, sino una práctica sistemática. Los jueces reciben sobornos, amenazas y presiones por parte del crimen organizado para dictar sentencias favorables a sus intereses. Esta realidad crea un círculo vicioso donde la justicia se convierte en una mercancía negociable; y donde el gobierno tampoco ha gestado un programa de protección para los jueces que, en otros tantos casos, se juegan el pellejo por la legalidad y la justicia.
La relación entre jueces y crimen organizado tiene un impacto tácito devastador en la sociedad. La impunidad se convierte en la norma, lo que incrementa la violencia y la desconfianza en las instituciones. Los ciudadanos pierden la fe en el sistema judicial, lo que debilita la cohesión social y el Estado de derecho. La corrupción en el Poder Judicial, manifestada en jueces que favorecen intereses particulares y actúan en detrimento de la justicia imparcial, es un argumento contundente para impulsar la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Pero es válido preguntarnos: ¿el sistema es corrupto porque afecta también a los intereses del gobierno en turno?
Exsecretario de Seguridad, fundador de AC Consultores