El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas, sumado a la creciente ola de violencia en los estados del norte y centro del país, es un claro indicio de que México atraviesa un momento crítico en su lucha contra el crimen organizado. A lo largo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos sido testigos de una escalada en la violencia que no discrimina entre políticos, defensores de derechos humanos o ciudadanos comunes. En este contexto, resulta alarmante ver cómo el crimen organizado ha extendido sus ataques hacia figuras que encarnan la paz y la justicia social: los sacerdotes.
Con al menos nueve sacerdotes asesinados desde 2019 y otros diez que han sobrevivido a atentados, el país está bajo el asedio de grupos criminales que operan con una preocupante impunidad. El asesinato del padre Marcelo, un defensor de las comunidades indígenas y mediador en conflictos locales, evidencia la vulnerabilidad de quienes intentan pacificar las regiones más afectadas por la violencia. Su muerte, lejos de ser un caso aislado, refleja una tendencia creciente: los defensores de la paz se han convertido en objetivos prioritarios para los criminales.
La captura de Edgar “N”, alias El Kalimba, presunto autor material del asesinato de Pérez, es un avance, pero no la solución. Las autoridades han logrado detener a un actor clave, pero las preguntas persisten: ¿quiénes están detrás de estos ataques? ¿Cuántos más caerán antes de que la violencia disminuya? ¿Qué está potenciando el aumento de la criminalidad en ese estado? El crimen organizado ha demostrado su capacidad para infiltrar y corromper las estructuras sociales y políticas. En estados como Chiapas, Morelos, Baja California y muchos otros más, las autoridades están siempre un paso atrás. El padre Marcelo, conocido por su postura firme contra la violencia y su mediación en conflictos como el de Pantelhó, había sido amenazado desde hacía años. El ataque, llevado a cabo con brutal frialdad, fue ejecutado por sicarios que dispararon ocho veces para asegurarse de su muerte, en lo que parece ser un claro mensaje del narcotráfico: nadie está a salvo, “nosotros gobernamos”.
La violencia contra los sacerdotes en México va más allá de simples crímenes; es una declaración de poder de los cárteles, que buscan dominar todas las esferas de la sociedad, incluidas aquellas que históricamente han representado esperanza y consuelo. En el caso de Marcelo Pérez, el narcotráfico cobró la vida de un hombre que no sólo oficiaba misa, sino que defendía a su comunidad frente a los abusos y las injusticias. Su asesinato, al igual que el de otros sacerdotes en este sexenio, pone en evidencia un ataque también hacia la fe y la presencia de Dios en las comunidades.
La Iglesia Católica ha denunciado enérgicamente esta violencia, pero el llamado no puede dirigirse sólo a las autoridades. Es momento de que la sociedad civil también se sume al reclamo de paz. La impunidad es la raíz que alimenta esta espiral de violencia, y hasta que no se combata con toda la fuerza del Estado, seguiremos viendo cómo México se hunde en un abismo de inseguridad.
En medio de esta oscuridad, la única respuesta posible es la acción. Acción coordinada, decidida y contundente. De lo contrario, el crimen organizado seguirá extendiendo su sombra sobre todo lo que defendemos. Y en un país donde los defensores de la paz son asesinados, nadie está a salvo.
Exsecretario de Seguridad
Fundador de AC Consultores
