A lo largo de mis años en el activismo ciudadano en búsqueda de la paz y la seguridad, tanto en mi estado natal como en algunas otras regiones del país, y durante mi paso por las instituciones de seguridad en tres entidades federativas, he analizado las diversas posturas de quienes asumen la responsabilidad de gobernar un municipio, un estado e incluso nuestro país, y también he estudiado las actitudes que adoptan frente al desafío que representa la violencia, o su antítesis, la paz. Hago un paréntesis para comentar, por ejemplo, la triste declaración de derrota del presidente, en su mañanera, cuando menciona que está bien que el clero “negocie” con el crimen organizado, como en Chilpancingo, para rematar con que es el estado el responsable de brindar la paz, sin convicción alguna.
Así pues, ante tales escenarios nacionales de violencia y crimen, los gobernantes pueden adoptar tres actitudes fundamentales frente a esta problemática:
La primera de ellas es eludir la responsabilidad, voltear la mirada y tratar de administrar el problema, endosando, en el caso de los municipios, su responsabilidad en materia de prevención policial a las entidades federativas o a su estado respectivo, señalando que los delitos y la persecución de los delitos del fuero común corresponden al estado y los del fuero federal, al gobierno de la república. Una clara forma de lavarse las manos y exculpar su responsabilidad frente a las comunidades que gobiernan.
La segunda actitud es aún más compleja y grave, ya que implica que precisamente quienes gobiernan los municipios, los estados o el país sean parte del problema. Se involucran y llegan a acuerdos con grupos criminales que operan en su área de responsabilidad y jurisdicción, permitiendo que sean precisamente los delincuentes de alto calibre quienes tomen las riendas, lleven la voz cantante y, finalmente, controlen tanto las iniciativas gubernamentales como la operación o combate contra rivales criminales. Un cogobierno de pax narca, a modo, que se antoja tome relevancia en las próximas elecciones.
La tercera actitud, que debería ser la norma y que lamentablemente en nuestro país es la excepción, consiste en enfrentar con responsabilidad, sin pretextos de competencias, el combate al crimen organizado tanto en los municipios como en el estado, no obstante, la nula acción de combate frente a la delincuencia ha sido la norma a lo largo del sexenio. La responsabilidad frente al fenómeno debe partir de establecer, en principio, el origen de las causas que provocan la violencia, esa la premisa fundamental. Sin embargo, es evidente el
equívoco que ha generado la autoridad en este sexenio y la autoridad federal en relación con este tema, ya que no se están atendiendo adecuadamente ni las causas ni las consecuencias que el crimen está generando. La percepción ciudadana de inseguridad es cada vez es mayor en términos de la impresión que tenemos de la violencia.
Es desafortunado que en las últimas 48 horas, mientras escribimos esta colaboración, nos hayamos enterado de diferentes tragedias. Un homicidio de un personaje zacatecano en un restaurante de Aguascalientes. Dos mujeres aparentemente microempresarias en Temixco, Morelos. Otro candidato, también asesinado en Veracruz y un atentado puso en peligro de muerte al presidente municipal de Taxco. Estas tragedias mediáticas impactan el ánimo de la ciudadanía. Por lo menos en los últimos tres días, cada hora, recibimos la noticia de que un crimen atroz ha ocurrido en México, y es inconcebible que la muerte de la gente, de los mexicanos, sea materia menor de análisis desde Palacio Nacional.
La actitud más desafortunada radica en tratar de justificar estos hechos criminales señalando a los contrincantes políticos, argumentando que son campañas para desprestigiar a quien gobierna, señalemos aquí que en buen número ahora, los muertos son participantes de la vida política del partido en el poder. Esta miopía y esta cerrazón ante una realidad que evidencia una actitud indolente e indiferente, donde todo gira en torno a mantener el poder, es el elemento fundamental que ha permitido que en los últimos años la violencia en nuestro país haya aumentado de manera significativa. ¿Cómo dudar de acuerdos entre gobierno y la “maña” si la realidad contradice al discurso oficialista?
Que los grupos criminales actúen cada vez con mayor impunidad y que la delincuencia organizada sea un factor de preocupación “democrático” tanto para los gobiernos, los partidos políticos y los órganos electorales, no es poca cosa. Cuestiono con conocimiento de causa que estado por estado, despacio, van cayendo en el limbo de la ingobernabilidad, en el caos absoluto. Perdone ustedes, analistas y profetas del bienestar, pero mientras que el clima de violencia impere, las grandes proyecciones de ingresos de inversión extranjera se pondrán en pausa, son muchos los impuestos que los empresarios deben sopesar al invertir, incluido el pago por derecho de piso.
Como ciudadanos debemos iniciar un proceso de recuperación social y político, territorial y cultural para recuperar la paz en nuestras localidades. Sí, el ejercicio es a partir del voto útil, pero también debemos perder el miedo a cuestionar a quienes nos gobiernan y que, por desgracia, nos han heredado en vida un país donde aunque duela admitirlo se torna imposible vivir. Mexicanos somos todos y tarde o temprano nos guste o no, el crimen y la violencia toca a nuestras puertas. La violencia es el tema que impera en este momento histórico y también la herramienta que nos permite, como argumento, cambiar la ruta de la democracia en las próximas elecciones.