El panorama de la seguridad en México está marcado por decisiones que no siempre respondieron a un análisis técnico sólido, sino más bien a un capricho presidencial. Como claro ejemplo los últimos seis años quedarán marcados por una realidad ficticia creada desde la principal tribuna política de este país. Desde la presidencia se insistió todas las mañanas y por años que había menos homicidios, que el país transitaba por un ambiente de paz y gobernabilidad, eso y muchos argumentos más que retrataban una imagen exactamente contraria a la que millones de mexicanos atestiguan todos los días.
El problema central es evidente: se toman decisiones que no están sustentadas en un diagnóstico riguroso, y lo que es peor, en un entorno donde los resultados rápidos son esenciales para mantener la confianza ciudadana, lo cual es políticamente redituable lo cual pareciera es la prioridad de la clase política de nuestro país.
En los últimos diez días, hemos sido testigos de una serie de decisiones que parecieran socavar las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La cadena de justicia penal se ha visto afectada, y las medidas preventivas, que debieran ser la base de cualquier estrategia de seguridad, parecen haberse reducido a una situación crítica de facto.
Uno de los anuncios más recientes, la facultad investigativa de la Guardia Nacional, ha sido presentado como una innovación, pero en realidad es una función que ya existía. Esto solo refuerza la percepción de que estas decisiones se utilizan como banderas para justificar una estrategia que, hasta el momento, carece de coherencia y efectividad.
¿Qué debe hacerse? El reto es monumental, pero hay luces en el horizonte. El próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tiene una oportunidad única si logra construir alianzas sólidas a nivel local. En las policías estatales y municipales existe una fortaleza subestimada que puede ser clave en esta lucha contra la delincuencia. Alrededor de 200 municipios cuentan con una capacidad operativa importante, y si el secretario logra establecer mecanismos de evaluación efectivos y gestionar recursos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podría cimentarse una estrategia que parta desde lo local hacia lo nacional.
Sin embargo, no podemos ignorar la complejidad de la situación. Jamás en la historia reciente de México habíamos visto un coqueteo tan evidente, de los poderes de facto, con los grupos criminales, mientras que aquellos que critican técnicamente las políticas de seguridad, como los periodistas y activistas, son atacados públicamente con adjetivos denigrantes. Paradójicamente, los capos del narcotráfico son tratados con deferencia en el discurso oficial [el señor Zambada, el señor Guzmán]. Esta dicotomía entre el trato a los criminales y el ataque a los críticos es una señal alarmante de una realidad alterna que solo contribuye a la confusión y la desconfianza.
Resulta interesante que, a pesar de la tendencia general hacia la militarización de la seguridad pública en los estados gobernados por Morena, Claudia Sheinbaum, en su rol de jefa de gobierno, se opuso a esta inercia en la Ciudad de México. Esta decisión de no seguir la línea militarista es quizás uno de los aspectos más positivos de su gestión, y un recordatorio de que existen alternativas a la mano que merecen ser exploradas.
El reto de seguridad al que nos enfrentamos es probablemente uno de los más complejos desde la transición del 2000. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes. Ojalá que las capacidades y sensibilidades de los nuevos liderazgos, especialmente a nivel federal, logren encaminar a México hacia una estrategia de seguridad más coherente, efectiva y centrada en la realidad local. Las señales de esperanza están ahí, pero el tiempo apremia.
Exsecretario de Seguridad, fundador de AC Consultores
