Esta semana, la presidenta electa la Dra. Claudia Sheinbaum definió dos posiciones clave dentro de su gabinete para hacer frente al delicado, trágico y peligroso ambiente de violencia que experimenta México y que, posterior al proceso electoral, ha demostrado no dar tregua con la cantidad de sucesos criminales que se han presentado en las últimas semanas. Así pues, Omar García Harfuch será el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Rosa Icela Rodríguez, actual titular de la citada secretaría, próximamente despachará en Bucareli en la importante Secretaría de Gobernación. Por otra parte, también en estos días, se presentaron los cuatro ejes rectores de su política de seguridad: 1) atención a las causas, 2) más y mejor policía, 3) inteligencia e investigación, y 4) coordinación institucional.
Las dos noticias, además de relevantes, son esperanzadoras. La primera, porque en esas dos áreas fundamentales se designa a perfiles con la conciencia y el conocimiento de la realidad que vive el país. En el caso de García Harfuch, es un profesional con la experiencia, con un grupo de colaboradores competitivos y experimentados, que además cuenta con la legitimación social y el carácter para el reto que representa la seguridad de las y los mexicanos.
La segunda noticia, relativa a los ejes de la estrategia, también es positiva. Si bien es cierto que el primero, segundo y cuarto de los ejes han sido más que planteados, discutidos y en algunos casos ejecutados en el actual y en anteriores sexenios, no podemos cuestionar la importancia y la necesidad de los mismos para lograr resultados efectivos en el combate al crimen organizado y a la delincuencia común. Sin embargo, hay que subrayar lo positivo de priorizar como eje rector el tercero de ellos: la inteligencia e investigación, que por primera vez se le da una relevancia de esta magnitud en la historia contemporánea de nuestro país.
Las dificultades del fenómeno criminal mexicano son enormes, de un tamaño nunca antes experimentado en México, y eso es mucho decir con todo lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Por una parte, es inédito el poderío económico de las organizaciones criminales mexicanas, ya mundialmente conocidas; su capacidad de violencia y el acceso a armamento sofisticado no tienen precedente alguno. Además, su control territorial y la sustitución o sometimiento del poder político en muchas regiones es una realidad creciente, sumado al apoyo y legitimación ciudadana que han logrado gracias al asistencialismo social que algunos grupos criminales han generado como estrategia para lograr la simpatía ciudadana, blindando aún más sus actividades delictivas. Todo lo anterior se suma a la culturización de las actividades criminales a través de la música y de la permanente presencia en redes sociales, haciendo gala de lujos y de imágenes valientes y osadas que provocan un sentido aspiracionista en niños y adolescentes de estratos sociales con amplias carencias.
Y por si no fuera poco, a todo lo anterior hay que sumarle la debilidad política e institucional de nuestro país, que se ha incrementado en los últimos años por ese feroz combate político partidista que ha autoflagelado al Estado mexicano en sus tres poderes y en sus tres órdenes de gobierno. Esto ha provocado, entre otras cosas, una incertidumbre institucional en los funcionarios públicos, especialmente aquellos que operan los sistemas de seguridad, de procuración y administración de justicia, es decir, policías, ministerios públicos y jueces.
Por lo anterior, ante este gigantesco reto de hoy y que seguiremos enfrentando en los próximos años, hay que reconocer esa luz de esperanza que los anuncios de esta semana nos han dado. Como escribió Winston Churchill: “El esfuerzo continuo […] es la llave para desatar nuestro potencial”, estoy seguro de que el panorama nacional en materia de seguridad cambiará, todos debemos comprometernos para regresarle la paz a México, o mejor dicho: para hacer de nuestro país una tierra de tranquilidad para todas las comunidades.
