En México, la libertad de prensa enfrenta uno de sus desafíos más críticos: la violencia sistemática contra periodistas. Cada día, aquellos que buscan exponer la verdad y documentar la realidad a menudo se encuentran en el blanco de amenazas, agresiones y, en casos extremos, la tragedia de perder la vida por ejercer su deber. La escalada de violencia contra periodistas en México es una mancha sombría en el tapiz de la libertad de expresión.
En lo que va del sexenio, se contabilizan 43 periodistas asesinados, Artículo 19. Mientras redacto esta columna, la periodista tijuanense Yolanda Caballero ha sido objeto de un atentado que no puso en peligro su vida, pero sí vulnera el ejercicio de su trabajo. Recordemos que hace un par de años los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado fueron asesinados en Tijuana. Este incidente, en contra de Caballero, se produce días después de que se filtraran credenciales e información de todos los periodistas que cubren las mañaneras del presidente López Obrador, esto es, se vulneró también la seguridad de estos. Las justificaciones del presidente de que los conservadores como Carlos Loret de Mola, entre otros, fueron artífices del hackeo es por demás risible y pretende generar una cortina de humo que disculpe la pésima ciberseguridad de nuestro gobierno.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos registran un aumento constante en los ataques a periodistas en México. Desde intimidaciones hasta homicidios, la violencia se ha convertido en una realidad diaria para aquellos que buscan informar al público y ejercer su papel crítico en la sociedad. Las consecuencias de esta violencia no se limitan a las víctimas individuales; afectan a toda la sociedad. Cada periodista amenazado o silenciado es un ataque directo a la democracia, limitando el acceso a la información veraz y fomentando un clima de autocensura entre los profesionales de los medios.
Las raíces de este fenómeno son complejas y multifacéticas. La corrupción sistémica, la impunidad generalizada y la infiltración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales son solo algunos de los factores que contribuyen a la violencia contra periodistas, además de que hoy son también los gobernantes en diversos estados como Veracruz, Sinaloa, Morelos además de la federación se encargan de menospreciar y denostar el trabajo de los periodistas. Si la cúpula del gobierno vulnera el ejercicio periodístico ensanchan el panorama para que el crimen organizado actúe en consecuencia.
La solidaridad y el apoyo a los periodistas, así como la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares para construir una sociedad más justa y segura. En un país donde la verdad a menudo es eclipsada por la sombra de la violencia, es imperativo desafiar la oscuridad y defender la libertad de prensa. La lucha por un periodismo sin temor es la lucha por la democracia, la justicia y la verdad. No podemos permitir que la violencia silencie las voces que buscan iluminar las sombras que oscurecen nuestra sociedad.
