En los últimos meses, el debate sobre la violencia y el crimen organizado ha dominado la agenda política. Esta campaña presidencial extenuante ha dejado claro que ninguno de los candidatos ha presentado una estrategia convincente para combatir el crimen que realmente resuene con los ciudadanos. Los datos del Observatorio Nacional Ciudadano, dirigido por Francisco Rivas, son alarmantes: a pesar de que faltan cuatro meses para que termine el sexenio, la actual administración federal ya se perfila como la más violenta de la historia de México.
Contrariamente a lo que afirma el presidente López Obrador, la violencia ha aumentado durante su mandato. Hace unos días, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que ya sumaban 22 candidatos y aspirantes asesinados en el actual proceso electoral. Esta cifra ha aumentado a 24 con los recientes asesinatos de Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, y el candidato presidencial municipal de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera.
Además, las cifras de desapariciones también son escalofriantes. Del 1 de diciembre de 2012 al 14 de mayo de 2018, hubo 29,855 personas desaparecidas y no localizadas. En el mismo periodo de la actual administración, el número aumentó a 50,451, un incremento del 68.99%. ¿Qué falló en la estrategia de seguridad? Entre las razones están los recortes presupuestales, el debilitamiento de la articulación entre autoridades, la falta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la delincuencia organizada, la vulneración de la cooperación internacional, y el abandono de las víctimas.
Además, la administración actual ha cerrado la puerta a la sociedad civil y ha confundido procesos con resultados. La ingenuidad y la predisposición partidista han llevado a un diagnóstico erróneo sobre las causas de la violencia. La estrategia de pacificación prometida desde el primer día ha fallado, y los datos se han maquillado para presentar una realidad distorsionada.
El futuro de México parece incierto. Nos dirigimos hacia un sistema de ingobernabilidad por regiones, no necesariamente un colapso de la federación, pero sí una pérdida de la presencia del Estado en localidades controladas por el crimen organizado, como Michoacán y Guerrero. En estas áreas, el crimen organizado decide quién, cómo y por qué se apoya a determinadas figuras políticas, anulando así la participación ciudadana en el ejercicio de la democracia.
La posibilidad de que un criminal sea votado "democráticamente" no es tan remota ni absurda. La muerte de candidatos y aspirantes es el resultado de promesas incumplidas, en mayor o menor medida, y refleja una profunda crisis de seguridad que amenaza con afectar nuestros futuros proyectos económicos. Ignorar este problema no sirve de nada.
Debemos reflexionar cuidadosamente sobre lo que le pediremos a la próxima presidenta de México y su gabinete, ¿qué les exigiremos?. La seguridad debe ser una prioridad, y es necesario exigir estrategias claras y efectivas que no solo se enfoquen en la contención del crimen, sino en su erradicación. Solo así podremos evitar que nuestro país caiga aún más en el abismo de la violencia y la inseguridad.
