En las últimas semanas, Guerrero ha experimentado una serie de expresiones de orden criminal que han captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Esta desafortunada realidad, que evidencia un ambiente de ingobernabilidad en el Estado, se da gracias a la falta de compromiso, interés y responsabilidad política por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. En Guerrero es evidente el poderío impune que los grupos criminales han adquirido, especialmente en la actual administración estatal.
Las raíces de la violencia en Guerrero son tan profundas y están tan arraigadas en el imaginario social que, incluso si las instituciones relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia, que forman parte de los tres órdenes de Gobierno [como la Sedena, Semar, la Guardia Nacional, la policía estatal, las policías municipales y las fiscalías federales y estatales], estuvieran perfectamente articuladas en torno al liderazgo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, lograr resultados sería complejo. Inclusive, si el estado contara con el apoyo franco del ejecutivo para enderezar el rumbo de la región, no sería tarea fácil. Esto se debe a la socialización de los 14 grupos del crimen organizado y de sus respectivas actividades, lo que ha llevado no solo al sometimiento de la sociedad guerrerense, sino también a la aceptación de la presencia de los criminales y de sus actividades delictivas.
La reciente decisión del Congreso de Guerrero de destituir a la Fiscal General del Estado, Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no solamente complica el estadio institucional para atender la gravedad de las extorsiones, el narcotráfico, los homicidios y las diversas actividades criminales que mantienen en zozobra al territorio. La destitución de la Fiscal parece estar más fundamentada en una decisión de carácter político que en una medida inteligente que pudiera contribuir a la atención del fenómeno criminal. Esto provoca un agravio no solo a la funcionaria de origen militar, sino también a la institución de la que proviene. La Secretaría de la Defensa Nacional no solo aprobó su comisión en la Fiscalía, sino que seguramente la respaldó de forma determinante.
Como consecuencia, la abrupta de salida de Valdovinos Salmerón no solo constituye un agravio para la funcionaria y su currículo, sino que es una afrenta que marcará una actitud distinta en la atención que la Sedena tiene en Guerrero y que complicará no solo la coordinación interinstitucional sino también el interés, el impulso y la prioridad de los militares en esa región.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer hace un par de días que Guerrero ocupa el lugar número cinco en cuanto al mayor número de víctimas por homicidios dolosos. Tan solo en lo que va de este año se cuentan más de 300 muertos relacionados con el crimen organizado, nada que presumir.
Guerrero comenzó a desplazar a Michoacán como destino de operaciones del crimen organizado. Así pues, los caprichos y las necedades de orden institucional de los principales tomadores de decisiones mantienen una constante en varias regiones del país con claras señales de ingobernabilidad. La seguridad pública nacional sigue atravesando un huracán de criminalidad y con esto acaban de emitir una alerta de tsunami de violencia infinita. Así de compleja, así de triste es la realidad en Guerrero y de México, obviamente.
