El antiguo régimen priista de siete décadas generó un control casi absoluto del rumbo de nuestro país y de todas las cuestiones relacionadas con el interés público. Ese régimen vertical y autoritario controló de manera clara y determinante todas las actividades, incluyendo las criminales. La realidad política de esa época también contaba con otros elementos que la diferenciaban significativamente de nuestra realidad actual, como mercados y actividades delictivas menos sofisticadas y con menor relación transnacional, en contraste con la situación dramática que experimentamos en la actualidad.
El ejército mexicano y especialmente la Dirección Federal de Seguridad (DFS) (1947-1985) jugaron el papel de reguladores del crimen organizado en México en aquellos tiempos. El poderío económico del crimen organizado fue creciendo conforme evolucionaba el consumo de drogas en Estados Unidos, que pasó de la marihuana en los años setenta a la cocaína en los ochenta y la heroína en los noventa. Esto llevó a que el narcotráfico se convirtiera en la actividad criminal más redituable en nuestro país.
El debilitamiento del régimen priista en la década de los noventa, con la conquista de la oposición de algunas gubernaturas a partir de 1989, preparó el camino para el cambio de régimen en el año 2000 con la victoria de Vicente Fox a la presidencia de la República. Ese cambio de régimen político modificó de manera sustancial la perversa pero efectiva regulación institucional de las actividades criminales y gestó lo que provocaría la tormenta perfecta criminal en México, llevando a nuestro país a ser considerado en los últimos 15 años como una de las cinco naciones más violentas del mundo, posición que mantiene con singular vehemencia dada la alta tasa de homicidios y el evidente control territorial de organizaciones criminales a lo largo y ancho de la República Mexicana.
La avasalladora ratificación el pasado 2 de junio del actual partido gobernante presenta una coyuntura por demás interesante ante esta dramática realidad criminal que quita permanentemente el aliento a 80 mexicanos cada día. El control de 24 de 32 entidades federativas, más el robusto aparato gubernamental federal, sumado a la necesidad de las ocho entidades en manos de la oposición del apoyo federal, podría generar una visión vertical del control del fenómeno criminal, similar a la vivida en el régimen priista, con todas las adecuaciones que la vida del mundo actual demanda.
Como he subrayado anteriormente, es paradójico que el único gobierno local que mantuvo de forma determinante una visión policial civilista, ponderando la ciencia criminal, la profesionalización policial y la investigación delictiva como pilares de la seguridad, fue el gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX. Esta visión, no contraria pero sí distinta a la fracasada premisa fundamental de la presencia policial con visión disuasiva promovida por la Guardia Nacional, podría traer un cambio de rumbo positivo para nuestro país en el próximo cambio de gobierno.
Estamos viviendo el momento de mayor vulnerabilidad en materia de seguridad para las y los mexicanos. Los gobiernos que ya se van ya no mandan y los que vienen no pueden gobernar todavía. Nunca había experimentado cómo este vacío de poder ha envalentonado a los grupos criminales. En mi tierra, las amenazas y extorsiones se han generalizado de forma alarmante.
Ojalá el cambio de gobierno federal traiga de forma inmediata dos cosas: primero, el entendimiento de que la desaparición del poder judicial, aunque perfectible, provocaría un negativo desequilibrio en la gobernabilidad de México; y segundo, que el cambio de estrategia, como el que se dio hace poco más de cinco años en la CDMX, es de extrema urgencia y necesidad para nuestro país.
Exsecretario de Seguridad
Fundador de AC Consultores
