Alberto Capella
Exsecretario de Seguridad
Fundador de AC Consultores
En México, la apuesta por la extinción de los fideicomisos gubernamentales ha sido una estrategia clave del presidente en su supuesta lucha contra la corrupción y su búsqueda de la austeridad, desde el interior de las instituciones. Sin embargo, esta apuesta arbitraria del ejecutivo ha generado un debate candente sobre las posibles consecuencias, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la administración de justicia.
Los fideicomisos estaban distribuidos en varias instituciones torales del Poder Judicial de la Federación: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conglomerando un total de 15,434 millones de pesos al primer semestre del 2023; dirigidos al pago de pensiones, la asistencia a servidores públicos, entre otros temas además de la capacitación y especialización del personal del PJF e inclusive la fumigación de los edificios, que según ciertos políticos, gastos de este tipo, son muestra del despilfarro judicial.
Y para que no quede duda, el presidente empeñó una vez más su palabra, como ha hecho con otros temas esenciales como la disminución de la gasolina y el fin del huachicoleo, para dar fe de que ningún trabajador del Poder Judicial sufriría por estos cambios.
La reforma en cuestión, que ya fue votada tanto por diputados como senadores, no solo pone de manifiesto el compromiso del presidente con doblegar al Poder Judicial y empoderar a las Fuerzas Armadas (a quienes les aprobaron tres nuevos Fideicomisos), sino que también plantea serias interrogantes sobre el impacto en la administración de justicia y, en última instancia, en la seguridad en México. No me parecería disparatado, y disculpen la ocurrencia, si el presidente planteara también la existencia de jueces y agentes del ministerio público castrenses.
La inversión en tecnología, la formación del personal judicial y la modernización de las instalaciones son pilares fundamentales para garantizar que el sistema de justicia funcione eficientemente. La eliminación de estos recursos llevará a una merma en la capacidad del Poder Judicial para administrar casos de manera oportuna y justa, lo
que a su vez podría generar congestión en los tribunales y prolongación de los procesos judiciales donde la corrupción de facto podría anidar.
Además, la seguridad pública en México ha sido un problema persistente, y el sistema de justicia juega un papel central en la lucha contra la impunidad y la violencia. Sin los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas y emitir sentencias justas, existe la posibilidad de que aumente la percepción de impunidad. Este escenario podría alimentar la violencia y el delito en el país.
La inversión en el sistema de justicia es esencial para mantener un estado de derecho sólido y garantizar la seguridad de la sociedad. La sociedad y los legisladores deben reflexionar detenidamente sobre los beneficios y riesgos de la reciente medida de extinción de fideicomisos. La seguridad y la justicia en México están en juego, y la decisión no puede tomarse a la ligera.
Hasta la fecha, supimos que los senadores de la República convocaron a la ministra Norma Piña Hernández para que defendiera los fideicomisos frente a las camarillas. Pensamos todos que esta defensa sería crucial, luego de que la ministra decidiera participar en el encuentro, no obstante, fue rechazada su presencia y el debate se quedó en el éter [y las víctimas fueron los senadores]. Así, la extinción de los 13 fideicomisos hasta el momento es una realidad. Me queda claro que este juego político es también para desvirtuar a la ministra y presentarla como una amateur dentro del “cambio” democrático del país, ya los apologistas de la 4T la nombran como una mujer que no está enterada del mundo donde vive.
Queda claro que la polarización de cara al año 2024 tiene un objetivo fundamental: desvirtuar a las instituciones. Pareciera que solo el partido en el poder tendrá la voz predominante para moldear el futuro democrático de México, en todo caso el futuro de la seguridad de nuestras familias, que a la clase gobernante del momento no le importa.
Postdata
En los últimos dos días, en Tijuana, Baja California, aparecieron 20 narcomantas, donde el crimen organizado prohíbe el “comercio” de fentanilo e inclusive los cárteles se unen en esta lucha. Vaya absurdo. La respuesta de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue que cualquiera hoy en día pone una manta... por lo tanto, cualquiera hoy en día comete un crimen sin castigo. Juzguen ustedes.
