El sistema de justicia en México es el tema recurrente en la conversación pública, y en muchos aspectos, coincido en que está colapsado. Pero al hacer este análisis, resulta insuficiente quedarnos solo en los enfoques parciales que actualmente propone el partido en el poder. La reforma que se plantea no ataca el problema desde sus raíces ni ofrece soluciones integrales que beneficien a la sociedad en general al contrario, provocaría una crisis dimensional mente mayor cuyo resultado no solo sería una deficiente justicia si no algo peor, una simulación de la misma. Si tomamos como ejemplo la justicia penal, las cifras de acuerdo al INEGI [al 2022] son alarmantes: cada año, se cometen entre 27 y 30 millones de delitos en México, pero de estos, el 90% no es denunciado. De ese pequeño 10% que sí se denuncia, solo en el 0.7% de los casos se abre una carpeta de investigación. Y de esas carpetas, solo el 3.5% llega finalmente a manos de un juez. Con estas cifras en mente, es impensable hablar de una verdadera solución al problema de justicia si solo se abordan las deficiencias de ese reducido 3.5%. Lo que se necesita no es una reforma superficial, sino un enfoque sistémico que incluya desde la mejora en las condiciones de las policías hasta la eficiencia de las fiscalías. No es suficiente pensar en cómo mejorar el proceso de denuncia, sino en abordar las razones por las que la gente no denuncia: corrupción, burocracia excesiva y la sensación generalizada de que “no vale la pena” hacerlo. Ante esto, la solución tiene que ser una justicia más pronta, con juicios más ágiles y con una apuesta decidida por la oralidad en los procesos. Además, es imperativo que esta justicia sea accesible económicamente para la población, a través de defensores públicos de calidad que realmente representen a los ciudadanos y no se limiten a cumplir con el expediente. A esto se suma la necesidad de acceso a la justicia tecnológica y la creación de mecanismos alternativos de solución de controversias. No podemos ignorar que hay una demanda creciente de soluciones fuera de los tribunales, ya sea en la mediación, la justicia cívica o en otros mecanismos que ayuden a descongestionar el sistema judicial y brindar respuestas más inmediatas a la ciudadanía. Desafortunadamente, ninguno de estos temas de fondo está contemplado en la reforma que propone el partido del presidente. Esta reforma, más allá de algunos puntos aislados que podrían considerarse positivos, lo que realmente hace es subordinar al Poder Judicial al Poder Ejecutivo, y por ende, al grupo en el poder. El mecanismo que se plantea para la elección ahora de los funcionarios judiciales no es una apertura democrática, sino una simulación en la que Morena, controla todas las etapas del proceso. No se tratará de elegir a los mejores abogados, rectores o juristas destacados, sino de votar entre los candidatos que proponga el poder político. Así, el ciudadano no tendrá una verdadera elección, sino una opción limitada a quienes ya cuentan con el visto bueno de las cabezas del partido. El peligro de esta reforma es que consolida un control político sobre el Poder Judicial que, aunque actualmente es plural, podría perder su independencia a partir del próximo año. Esto es la aniquilación de la democracia y la desaparición a la división de poderes en el país. Coincido en la necesidad urgente de una reforma al sistema de justicia, pero esta no es la reforma que México necesita. Al contrario, esta propuesta es la antítesis al anhelo de justicia que urge en el país. Exsecretario de Seguridad Fundador de AC Consultores
