La participación ciudadana en el combate al crimen y la pacificación del país es crucial en México, que ha enfrentado una ola de violencia y criminalidad en las últimas décadas, situación que hasta el momento no tiene para cuando terminar. Pareciera que el Estado, por sí solo, no puede enfrentar todos los desafíos de la delincuencia organizada. Las limitaciones en recursos, la corrupción y la infiltración del crimen han debilitado su capacidad de respuesta.
Ante esta ineficacia para proteger a las comunidades, han surgido los llamados grupos de autodefensa, ciudadanos organizados para enfrentar a los cárteles de la droga. En México hay al menos más de medio centenar de estos grupos en los municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. Si bien su formación ilustra la determinación de las personas para actuar cuando las autoridades fallan, resulta controversial que estas mismas permanezcan fuera de la ley y tomen justicia por propia mano.
En lo que toca a la ciudadanía, la educación y la sensibilización sobre la importancia de la legalidad y la justicia son fundamentales, por lo que iniciativas comunitarias que promuevan valores de respeto y convivencia pacífica pueden ayudar a reducir la violencia a largo plazo.
Las redes de vecinos vigilantes, donde las personas se organizan para observar y reportar actividades inusuales, como ocurre en Yucatán, han demostrado ser efectivas en varias regiones. Estas redes no solo disuaden a los delincuentes, sino que fortalecen el tejido social al fomentar la cooperación y la solidaridad entre vecinos.
La tecnología también juega un papel importante. Aplicaciones y plataformas digitales permiten a los ciudadanos reportar delitos de manera expedita, esto en caso de que existan. Sin embargo, la participación ciudadana debe ser apoyada y protegida por el Estado, garantizando su seguridad.
La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sin una gestión honesta y transparente, los esfuerzos de participación pueden verse minados por la desconfianza y el escepticismo de cara a la procuración de justicia.
La colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno es crucial. Al trabajar juntos, pueden desarrollar estrategias efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad.
En el ámbito legislativo, es necesario impulsar leyes que faciliten y promuevan la participación ciudadana. Legislaciones que protejan a los denunciantes, fortalezcan las medidas de prevención del delito y promuevan la transparencia en las instituciones de seguridad son fundamentales para un enfoque integral y sostenible.
La participación ciudadana en el combate al crimen y la pacificación del país no solo es deseable, sino esencial. Los ciudadanos pueden contribuir significativamente a la construcción de un México más seguro y justo. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario un compromiso real y sostenido por parte del gobierno. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos enfrentar con éxito los desafíos que presenta la delincuencia y avanzar hacia un futuro de paz y prosperidad de cara al sexenio que inicia.
Exsecretario de Seguridad, fundador de AC Consultores
