AMLO tiene una extraña concepción del Estado. Quiere recuperarlo, pero al mismo tiempo, hace todo para debilitarlo. ¿Este gobierno impulsa una reconquista del Estado o, por el contrario, impone una voluntad presidencial para concentrar decisiones y destruir capacidades, con excepción de los proyectos consentidos del régimen, como los programas de ayudas sociales y las obras de infraestructura?
Es necesario salir de la mirada en blanco y negro, el escenario está lleno de grises que obligan a hacer matices y distinciones. Las decisiones que más molestan a muchos son las iniciativas para suprimir espacios y facultades estatales, bajo el argumento de que hay que cortar de raíz la corrupción y los desvíos presupuestales. Así, desde muy temprano, vimos cómo se terminaban programas, como el de las estancias infantiles, porque se comprobó que había desviaciones y falsos registros de niños. Se terminó el programa y la decisión fue adjudicar de forma directa los recursos a las familias. De la misma forma, recientemente se terminó con la figura de los fideicomisos, porque supuestamente eran espacios para la malversación de fondos, pero no se hizo ninguna distinción entre los que tenían un manejo transparente y auditable, e incluso se habían formado con recursos propios de las instituciones, como en los centros públicos de investigación, y otros que eran guardaditos de recursos presupuestales. La polémica decisión fue terminar con todos. ¿Con estas cancelaciones el Estado está mejor equipado o, por el contrario, la concentración de recursos y una débil regulación conducen a más discrecionalidad?
AMLO tiene una idea firme: terminar con los intermediarios en todos los niveles, sobre todo en el reparto de los recursos a los grupos de beneficiarios. En los anteriores gobiernos hubo abusos y desviaciones, pero, al mismo tiempo, existían reglas de operación para evaluar los programas. Esta regulación nunca pudo sortear las sospechas de la manipulación electoral de los programas sociales. Es un problema complicado separar las ayudas de los intereses políticos de los gobernantes, incluso hoy en día vemos de qué forma muchos “superdelegados” se lanzan a buscar gubernaturas. Mientras los programas no respondan a políticas universales, habrá márgenes para la manipulación electoral.
La iniciativa para terminar con la subcontratación ilegal puede ser una decisión positiva, pero hay al menos dos problemas que preocupan, el afán de esta administración en penalizar con cárcel las faltas, como si esa fuera una solución; y la poca capacidad para regular y sancionar que tenga el gobierno. Ya se había legislado sobre la subcontratación y no dio resultado, ahora se elevan las penas, pero tampoco hay certeza de que vaya a funcionar. El problema de fondo es la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y regular de forma eficiente, lo cual no se resuelve con un agravamiento de las penas.
¿Por qué razón una buena cantidad de los recursos que se canalizan para ayudas sociales, no tienen reglas de operación? ¿Por qué una cantidad importante de obras públicas se han adjudicado de forma directa, sin ningún procedimiento de concurso? Hay una gran desconfianza en los procedimientos que instrumentaban los gobiernos anteriores, porque terminaban en una simulación y un barril sin fondo de corrupción, pero las adjudicaciones directas tampoco son una solución.
Las decisiones de la 4T para terminar con los intermediarios, las reglas de operación y las licitaciones, ¿son una mejor opción para tener un Estado con más capacidad y eficacia, o simplemente estamos ante salidas inmediatas que no resuelven los problemas de fondo, sino que los van a empeorar? En suma, un gobierno con un presupuesto cada vez más raquítico, con desaparición de áreas y facultades importantes y sin desarrollar mejores capacidades de regulación, no conduce a un Estado más eficaz para enfrentar la desigualdad, la impunidad y la violencia…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
