De pronto se acumulan acontecimientos que llevan a pensar que atravesamos una fuerte descomposición política con mucha incertidumbre. Veamos tres ejemplos que nos muestran cómo se encuentra el clima político del país: la intentona de adelgazar las facultades del Tribunal Electoral; el “perdón” del INE al PRI en las multas por los casos de Odebrecht y de la Operación Safiro; y la confrontación entre el presidente de la República por el proyecto de la SCJN, que señala que el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena es anticonstitucional.
1. De pronto, casi todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión, con la única excepción de Movimiento Ciudadano, acordaron una reforma constitucional para limitar facultades del Tribunal Electoral. Como señala el análisis de Leopoldo Gama, se quería “limitar la intervención de las autoridades electorales en asuntos internos de los partidos (…) para fijar medidas afirmativas (…) obligar al TEPJF en todo tipo de controversias a basarse en el tenor literal de las disposiciones” (Nexos, 11 de abril de 2023). Pero se rebelaron las bases de los grupos parlamentarios y se dio un conflicto clásico entre incentivos colectivos, que defendieron las bases, y los incentivos selectivos (Panebianco), que defienden las dirigencias para que Alito y Delgado se puedan quedar en sus puestos y darle la espalda al mandato del Tribunal. De ese tamaño es esta clase política.
2.- Después de varios años de investigación y alegatos, la Comisión de Fiscalización del INE trató los dos casos de fraude en el financiamiento del PRI, Odebrecht y Safiro. De la primera dicen que la autoridad se “vio imposibilitada a profundizar sus indagatorias por la negativa de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a proporcionar la información solicitada” (Animal Político, 30 de marzo de 2023). En la Operación Safiro, que involucró la triangulación de recursos públicos para campañas electorales en el sexenio pasado; toda la trama entre César Duarte, el PRI nacional y el desvío hacia empresas fachada, una investigación de años que está muy bien documentada y argumentada. A pesar de ello la Comisión de Fiscalización “impuso por mayoría de votos el criterio de declarar infundada la queja, y así fue presentado el proyecto al Consejo General (…) finalmente votaron a favor del proyecto que ‘perdona’ al PRI siete consejeros: Adriana Favela, Dania Ravel, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Lorenzo Córdova, José Roberto Ruiz Saldaña y Uuc-Kib Espadas. En contra votaron Claudia Zavala, Ciro Murayama, Jaime Rivera (presidente de la comisión de fiscalización) y Martín Faz” (Animal Político, 30 de marzo 2023). Con estos consejeros (as) nunca habrían pasado los casos de Pemexgate y Amigos de Fox.
3-. La polémica sobre el carácter de la Guardia Nacional lleva años. Su creación se hizo por consenso de todas las fuerzas políticas y se acordó que sería civil. Después AMLO la movió a la Sedena y con eso la militarizó por completo. Ahora el ministro González Alcántara Carrancá elaboró un proyecto en el que resuelve que ese traslado es inconstitucional. El Artículo 21 de la carta magna lo dice claramente: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. No hay margen para interpretarlo de otra forma. Se necesitan 8 votos de la SCJN para aprobar el proyecto, ¿se lograrán? Se presume que las dos escuderas de AMLO, la ministra Esquivel y la ministra Ortiz, no acompañarán el proyecto; l@s otr@s pueden avalarlo a pesar de las presiones de Palacio. El presidente ya ha dicho que sería un “error garrafal” regresar a la GN al espacio civil, incluso llegó a decir que sería como volver a García Luna, lo cual es una afirmación temeraria y falsa. En los próximos días conoceremos el resultado de la votación en la SCJN y sabremos si persiste la violación constitucional o se inicia una desmilitarización.
Hay muchos casos más, como el del Inai, el cierre de Notimex, una regresiva ley de ciencia y la reforma que garantiza impunidad pública con los contratos de privados. En fin, un estruendoso fin de sexenio…