Resulta sorprendente ver que el domingo 26 de septiembre tomó posesión como gobernador de San Luis Potosí (SLP) Ricardo Gallardo Cardona, un personaje polémico que ha librado la justicia. Este caso muestra una tipología completa de cómo la corrupción puede ser transexenal y se premia en pleno sexenio de la 4T.
Los antecedentes del caso muestran una carrera llena de obstáculos en donde predominan las alianzas pragmáticas con partidos corruptos, las denuncias en la FGR (y no pasa nada) y el visto bueno desde Palacio Nacional.
En 2009 Gallardo, conocido como El Pollo, ganó la alcaldía del municipio conurbado de la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez; en 2015, fue encarcelado por el uso de recursos de procedencia ilícita y después de casi un año en prisión, salió por fallas en el procedimiento, pero, al parecer, no por haber sido exonerado. En 2018 llegó al Congreso federal bajo el registro del PRD.
El 14 agosto de 2020 la UIF, comandada por Santiago Nieto, presentó ante la FGR una “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” por un monto de 724 millones de pesos en contra del Pollo Gallardo y su padre. Se trata de un documento de 66 cuartillas que se hizo público en La Jornada de SLP (https://bit.ly/39EVd1h) y fue citado en la columna Astillero, de Julio Hernández (La Jornada, 27/09/2021). Entre agosto de 2020 y septiembre de 2021 la FGR guardó silencio, quizá si el Pollo hubiera sido académico del pasado sexenio de Conacyt algo se hubiera movido.
Para 2021 Gallardo logró la candidatura por PVEM y PT y hubiera sido también candidato de Morena, con la venia de Mario Delgado, pero bases del partido se opusieron. Así, Morena optó por una candidatura perdedora que fortaleció al Pollo y su alianza con el PVEM (el partido más corrupto del espectro) y el PT. Esta candidatura se quedó hasta con el lema de campaña morenista de “juntos haremos historia”. Su triunfo fue impugnado por irregularidades y rebase de gastos de campaña, pero el Tribunal Electoral dictaminó —por unanimidad— que la anulación de algunas casillas no alteró el resultado, y que la falta de consistencia en la denuncia de gastos, permitían validar la elección (El Financiero, 22/09/2021).
AMLO, desde la mañanera, optó por el pragmatismo, que en términos políticos significa avalar a políticos cuestionados, siempre y cuando sean aliados. Con el argumento de que la presunción de delito pierde su fuerza porque se da en un contexto de lucha política. El presidente suele afirmar que se fabrican delitos al calor de la lucha por el poder. Con los mismos argumentos defendió a Salgado Macedonio.
Resulta preocupante que después de las amargas experiencias de la generación podrida de gobernadores del peñismo, cuyos ejemplos emblemáticos son los dos Duarte (Veracruz y Chihuahua) y Borge (Quintana Roo), la maquinaria de la clase política siga con la producción de personajes sospechosos de delincuencia. Es grave para la democracia que se le pueda dar la vuelta a todo el entramado institucional del Estado mexicano para continuar con casos como el de SLP.
La ciudadanía tiene razón cuando desprecia a los partidos, como las organizaciones en las que menos confía. Gallardo se sentará en la silla en donde han estado Gonzalo N. Santos y Carlos Jonguitud Barrios.
En la tierra del doctor Nava, donde un movimiento cívico fue emblemático de una larga lucha por la democracia, de nuevo la ciudadanía potosina enfrenta un desafío. Hoy SLP parece estar tan lejos del navismo que desafió al partido de Estado y empoderó a la ciudadanía en una importante pelea por la democracia, en las últimas décadas del siglo XX. Ahora SLP está tan cerca de un horizonte complicado en donde la gubernatura presagia los riesgos de tener un gobierno denunciado por la UIF. Las luchas democráticas no terminan nunca y, otra vez, los potosinos tendrán el enorme desafío político de tener un gobernador como Ricardo Gallardo…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
