Ha resultado realmente paradójico que en el momento en que los legisladores amplían el plazo para que las fuerzas armadas sigan a cargo de las tareas de seguridad, se haya conocido un mega hackeo de información de la institución militar del país. El colectivo Guacamaya extrajo millones de documentos de los servidores de las fuerzas armadas y, poco a poco, se ha conocido esa información. Seguramente sabremos más en las próximas semanas. Con este acontecimiento se genera un problema que toca el centro neurálgico del poder en México: las relaciones cívico-militares y los peligros que representa para la seguridad del país tener este tipo de vulnerabilidades en el espacio de la ciberseguridad del país. Los que nos cuidan o deberían hacerlo como, los miliares encargados de la seguridad pública no pudieron cuidar sus propios archivos de información.
Es preocupante para todos, porque representa una grave fisura de consecuencias imprevisibles. Ya se habían dado hackeos en Pemex y en la Secretaría de Economía y, por supuesto, que el señalamiento apuntaba a las políticas de austeridad implementadas de forma radical en el sexenio. Cuando no se tienen recursos para adquirir los mecanismos tecnológicos que garanticen la ciberseguridad, cualquier archivo, servidor o plataforma están en riesgo. Sólo hay que preguntar a los bancos lo que invierten para evitar los fraudes cibernéticos. No se puede dejar a los equipos abandonados y sin seguridad porque fácilmente se hackea la información. Sabemos que a la administración pública le han reducido recursos hasta poner en peligro sus sistemas de informática; lo que no sabíamos era que en el sector en donde más recursos se han invertido y donde los presupuestos han sido excepcionalmente generosos, como en las fuerzas armadas, también hayan tenido austeridad con sus sistemas de información al grado de que los hackers de la Guacamaya entraron como Pedro por su casa y extrajeron varios terabytes de información.
Cuando eso pasa en un país democrático en donde existen controles, lo primero que se hace es una investigación para deslindar responsabilidades; en cambio, aquí en México, AMLO dijo que no habría investigación y que la información ya era pública, sobre todo se refería al tema sobre sus enfermedades, porque su argumento era que ya se sabía y que no iba a ocultar lo conocido. Pero luego empezaron a conocerse otros temas más polémicos, como el espionaje que se ha hecho en este gobierno de periodistas y defensores de derechos humanos con el famoso programa Pegasus. En este asunto el presidente de la República pasó del relativismo a la negación y a su acostumbrada descalificación. Ahí están las evidencias del laboratorio canadiense que prueba que sí hubo espionaje en este sexenio. Ya se montó toda una campaña oficial para negar el espionaje, porque supuestamente no hay pruebas y, si las hubiera, dice AMLO, que se presenten. Efectivamente las denuncias ya han sido presentadas en la FGR, pero con ese fiscal que está al frente no resulta difícil prever que no pasará nada. Otra vez nos enfrentaremos al círculo perverso del poder que se muerde la cola para que todo quede en el olvido y la impunidad. En otros países el resultado de las denuncias tendría consecuencias, habría renuncias y acusaciones judiciales, pero aquí no pasa nada.
Con el hackeo pasamos de “saber lo oculto”, que puede tener riesgos, a “ocultar lo conocido” (Norbert Lechner). El primero produce consecuencias que se pueden filtrar para llegar a manos del crimen organizado, información sobre seguimiento de casos, estrategias, etc. En el segundo, se trata de la negación y la descalificación para enmascarar la realidad.
Nuestras empoderadas fuerzas armadas son vulnerables al hackeo, quizá por un exceso de austeridad. Este hecho debilita la seguridad pública y la seguridad nacional y tienen consecuencias nefastas para el país…
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif
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