Uno de los problemas que más ha llamado la atención del debate público en estos días es la militarización del país. Se trata de una realidad compleja que define el presente y el futuro de México. Hace unos días la revista Nexos publicó de nuevo un texto de Julio Ríos Figueroa, “El nuevo militarismo” (marzo 1 de 2019), que nos ayuda dimensionar lo que ha sucedido en estos días, es decir, el alargamiento de la presencia militar en labores de seguridad pública, el hackeo del grupo Guacamaya, la no comparecencia en el congreso del general secretario de la Sedena, las evasiones de AMLO y un largo etcétera de dudas y temores frente a un poder militar creciente. ¿Qué tan militarizado está México?
Ríos Figueroa establece un supuesto: los estados modernos y democráticos necesitan tener fuerzas armadas con capacidad “para proporcionar seguridad ante las amenazas externas y para garantizar la paz interna”. Frente a esa necesidad hay una condición básica a valorar: que las fuerzas armadas estén subordinadas al mando civil y rindan cuentas como cualquier actor en una democracia. El autor plantea al menos tres asuntos que generan tensión y producen incertidumbre: las consecuencias legales, los límites a las excepciones y el seguimiento de reglas y principios.
Una de las preocupaciones que se tiene desde la sociedad son los límites al poder militar, lo cual se traduce en la idoneidad de estas fuerzas para enfrentar el problema de la seguridad. El autor establece una diferencia de criterio legal para entender, por ejemplo, si en los enfrentamientos con el crimen son homicidios o muertes en combate, el famoso poder de fuego y cómo se regula. El país se encuentra en una situación de inseguridad muy alta, la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi, que corresponde al tercer trimestre de 2022, señala que un 64.4% de la población de 18 años en adelante considera inseguro vivir en su ciudad, es decir, que casi siete de cada diez mexicanos así lo perciben. Los militares en las calles no han logrado generar mayor seguridad. Hay varias ciudades en estado crítico según esta medición, como Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima.
El otro criterio apunta hacia los límites. El caso de Ayotzinapa ha sido un laboratorio que muestra desde los abusos del poder militar coludido con el crimen, pasando por la dificultad de juzgar a los militares, hasta el resultado de un opaco mercado de órdenes de aprehensión para juzgar a militares. Este ejemplo nos lleva ver cómo se imparte justicia, con un sistema muy débil sometido a todo tipo de presiones y arreglos políticos. Aquí el tema es la dificultad para ver qué se juzga en el fuero militar y qué en el fuero civil.
Entre las mayores preocupaciones sobre la militarización está la rendición de cuentas. Acabamos de ver dos situaciones que ilustran el problema. El PRI permitió alargar las tareas de las fuerzas armadas en labores de seguridad hasta el 2028; se justificó con el pretexto de que el poder militar rendirá cuentas al Congreso de forma programada. Unos días después una comisión de diputados invitó al general secretario de Defensa a discutir el tema de la ciberseguridad, y la respuesta fue que los diputados fueran a las instalaciones militares. Después vino la comparecencia de la secretaria de Seguridad en el Senado, donde estuvo acompañada de los titulares de las fuerzas armadas, pero ellos sólo asistieron en calidad de testigos mudos, porque así lo acordó el nuevo partido dominante (Morena), que cada día se parece más al viejo partido dominante (PRI).
El hackeo de Guacamaya permite conocer información sobre cómo actúan las fuerzas armadas. Los militares están cada vez cada vez más empoderados y con más autonomía. En México estamos muy lejos de tener un poder militar realmente subordinado al poder civil, que rinda cuentas de forma satisfactoria. Mientras tanto, seguimos con una grave inseguridad a pesar de los altos niveles de militarización.
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@AzizNassif
