En el clima de polarización por el que atravesamos en México cada nueva iniciativa genera una confrontación, y la iniciativa para la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), abre una disputa en el corazón del campo científico mexicano.
En las ciencias sociales estamos obligados al análisis y a la crítica por encima de los prejuicios. Cuando analizamos reglas e instituciones sabemos que se necesitan mirar al menos tres partes fundamentales: las reglas del juego, que en este caso es la propuesta de LGHCTI; pero también los desempeños de los actores que tienen el poder; y el tipo de acompañamiento social e institucional, en este caso, en el campo especializado de la ciencia. Las iniciativas para cambiar reglas nunca vienen solas, sino se acompañan de proyectos políticos y muchos discursos. La narrativa de la nueva ley es una expresión de este gobierno de la 4T; sus frases hablan de democracia, inclusión y derecho a la ciencia pero, al mismo tiempo, se ve que hay una serie de prácticas y desempeños que han enturbiado el ambiente entre la autoridad del Conacyt y las comunidades científicas del país. Estos años del Conacyt han sido polémicos y con múltiples litigios, como ejemplo se han interpuesto 685 juicios de amparo (EL UNIVERSAL, 13/1/23). No todo lo que se dice tiene valor en sí mismo, sino a partir de sus aplicaciones. El poder público de un gobierno se expresa en referentes híbridos: por una parte, discursos democráticos y de consenso y, por la otra, mecanismos de control. Ha habido experiencias difíciles, por ejemplo, lo que ha sucedido con el CIDE, una cadena de malas decisiones que han afectado de manera sustantiva a ese centro público de investigación o los expedientes judiciales contra un grupo de científicos.
La nueva ley mete a la junta de gobierno del Conacyt a las fuerzas armadas, y la verdad no se sabe para qué, salvo para darle gusto al presidente. Al mismo tiempo, se incorpora el término de “humanidades” en toda la ley, para cumplir con la reforma de 2019 al Artículo 3° constitucional. Los referentes discursivos son contradictorios, presencia de las instituciones militares en la Junta de gobierno del Conacyt y discurso humanista. La nueva ley incorpora los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), que se dirigen a investigar problemáticas específicas y proponer soluciones, aunque no se ve que el gobierno escuche mucho a los científicos. Habla de ciencia de frontera y ciencia básica y afirma que se hará una agenda pública del país en materia de investigación. Se desmonta el anterior modelo en muchas de sus partes, sobre todo en la canalización de recursos a empresas privadas, pero no se alcanza a formular uno nuevo y acabado, por lo que tenemos un resultado híbrido y con contradicciones.
Sobre los Centros Públicos se plantea la creación de un sistema, lo cual es ya una realidad, pero ahora se habla de una “armonización normativa”, para tener un mismo patrón de organización y gobierno. Los centros son muy heterogéneos y su creación ha obedecido a momentos distintos, pero ahora se quiere uniformarlos. La ley propone vinculaciones, como hacer un “esfuerzo editorial conjunto”, pero el grado de complicación que supone terminará como una idea poco factible.
Una ambigüedad es que la ley no toca los asuntos laborales: el cambio que hizo la SCJN con la normatividad de la 1/96, (que genera más problemas de los que soluciona), los investigadores de los centros ya tenemos más de 25 años en el Apartado A, y la ley dice que somos servidores públicos y nos mete a la lógica burocrática, con la obligación de presentar declaración patrimonial. Sin embargo, en los decretos de creación, que la iniciativa dice respetar, hay una equiparación a las universidades públicas, que se rigen por principios de especialidad y no están sujetos a ley burocrática.
En suma, centros como el CIESAS cumplen y más con toda la normatividad planteada en la nueva ley, y como dice el clásico, estas reglas no nos perjudican mayormente, pero tampoco nos benefician, no hay más autonomía o mayores recursos. Las consecuencias de esta nueva ley dependerán de la aplicación que hagan las autoridades…
Investigador del CIESAS.
@aziznassif
