Cada asesinato es lamentable, cada muerte de un periodista es terrible. La sangría no se detiene y los números de la muerte se acumulan en una estadística que nos obliga a la memoria. ¿Ya es normal matar periodistas? Nueve vidas en este año y 34 en el sexenio. En 2022 han sido asesinados: José Luis Gamboa, el 10 enero en Veracruz; Margarito Martínez, el 17 de enero en Baja California; Lourdes Maldonado, el 23 de enero en Baja California; Roberto Toledo, el 31 de enero en Michoacán; Heber López, el 10 de febrero en Oaxaca; Jorge Camero, el 24 de febrero en Sonora; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas; Armando Linares, el 15 de marzo en Michoacán; y Luis Enrique Ramírez, el 5 de mayo en Sinaloa (EL UNIVERSAL, 7/05/2022). A los anteriores hay que sumar las víctimas 10 y 11 con los asesinatos, ayer en Veracruz, de Yesenia Mollinedo y Johana García. ¿Cuántos más habrá?
Un país mortífero para ejercer el oficio de informar, así calificó recientemente el parlamento europeo a México en una resolución de los eurodiputados que fue aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.
El mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lo ha dicho en foros: hay fallas graves del Estado, las instituciones de justicia han sido penetradas por el crimen y así siguen; hay agentes públicos agresores y coludidos con el crimen organizado. El periodismo sobre delitos de corrupción y de justicia son temas vetados en las agendas mediáticas. El aparato estatal, desde la FGR, hasta las fiscalías estatales, no han hecho su trabajo. Hay un mecanismo de protección a periodistas, pero, como en toda ingeniería institucional, las piezas necesitan funcionar todas juntas, de lo contrario un solo engranaje no sirve. La impunidad alimenta estos crímenes y la captura del Estado los encubre. Según el funcionario la tendencia de los sexenios anteriores se mantiene, no se ha podido detener, ni mucho menos revertir.
Cualquier país que aspire a ser una democracia real tiene que cuidar la libertad de expresión. En México discutimos de forma obsesiva las reglas del juego electoral, el financiamiento o la institucionalidad, pero se olvida uno de los factores más importantes, la libertad de expresión y el derecho a la información que se violentan cotidianamente con las agresiones a periodistas, con el asesinato de informadores, con el mal trato que hace el presidente de la República en un mal entendido derecho de réplica.
Volví a escuchar discursos y entrevistas de AMLO en 2018, días antes de tomar posesión y lo que dijo en Congreso de la Unión el 1º de diciembre al iniciar su gobierno. En una larga entrevista con Carmen Aristegui (21/11/2018) el entonces presidente electo le dijo que la respetaba como periodista, hoy la descalifica y la estigmatiza. En ese instante el horizonte del inicio sexenal y el futuro de la 4T estaban optimistas de que se lograrían las ofertas de campaña. Sin embargo, a medida que los resultados del sexenio se han quedado muy por debajo de las promesas, se ha recrudecido una narrativa de polarización en donde AMLO le ha pegado a muchos actores, instituciones de la sociedad civil y, de forma particular, a la prensa.
El gobierno de la 4T dice que hay, como nunca, una completa libertad de expresión, los críticos dicen lo contrario. Hace unos días un columnista de The Washington Post (5/05/2022), Diego Salazar, estableció una correlación que vincula la violencia contra la prensa y la descalificación presidencial. De acuerdo a los informes del Digital News Report entre 2019 y 2021 la confianza de los mexicanos en las noticias pasó de 50 a 37%, un porcentaje bajo para los estándares internacionales. Según Salazar, una de las razones que explica eso son los ataques del presidente.
Asesinato de periodistas, fallas del Estado y críticas del presidente. Cada quien saque sus conclusiones…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
