Días complicados para el país. Los tres poderes de la República han estado dedicados a redefinir el futuro de México en dos materias fundamentales: la impartición de justicia y la seguridad pública.
El campo de la confrontación es muy evidente, el gobierno de la 4T, que se dice de izquierda, quiere militarizar la seguridad y violenta los derechos humanos con la prisión preventiva oficiosa. En la otra parte están la oposición, algunos ministros de la Corte, legisladores, especialistas, organizaciones sociales y una parte importante de la opinión pública.
Hay dos premisas en estos litigios: la iniciativa de AMLO que pasa la Guardia Nacional (GN) a la Sedena es una violación a la Constitución. Desde que se anunció esa medida, el presidente sabía que el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La controversia sobre la prisión preventiva oficiosa ha desatado un debate nacional, en donde los ministros y ministras de la SCJN han expuesto sus tesis hasta llegar a una solución temporal de retirar los proyectos y volver a presentar otros; así que este expediente se alargará un buen tiempo. Mientras tanto AMLO gana tiempo y, en cierta forma, impone sus condiciones a los otros dos poderes.
Tan grave ha sido el tema en el Congreso, que se ha logrado dividir a la alianza opositora Va por México, porque el PRI se ha dividido entre una parte que rechazó el proyecto del presidente y otra que alarga las condiciones de excepcionalidad de la GN hasta 2028. Este escenario es un triunfo para AMLO y Morena, porque una oposición dividida le ofrece un día de campo al partido gobernante en las próximas contiendas electorales.
Sobre la militarización del país se ha abierto un amplio debate lleno de matices y malos resultados. En estos años de la GN la violencia está imparable, y hay dos tesis contrapuestas: que la estrategia funcionará, pero llevará más tiempo, o, por el contrario, que ha sido un fracaso igual o peor que con los tres gobiernos anteriores. El propósito de AMLO es “garantizar” de alguna forma que a la GN no le pase lo que a la Policía Federal con García Luna. El presidente está convencido de que su principal aliado para gobernar son las fuerzas armadas, a ellas les ha entregado múltiples funciones, obras y cada vez mayores presupuestos, prácticamente es el único sector que crece en recursos y plazas: “la Sedena pasó de 215,243 puestos a 259,689, y la Semar, de 66 mil 505 a 78 mil 526” (EL UNIVERSAL, 5/09/2022). Así, mientras el gobierno vive en la pobreza franciscana, los aumentos más importantes para el presupuesto de 2023 serán para Pemex, el tren maya y las fuerzas armadas. ¿El país está más militarizado que antes?, la respuesta es afirmativa.
La contradicción con el tema de la prisión preventiva oficiosa es muy evidente, AMLO saca una ley de amnistía que ha beneficiado a muy pocos, y, al mismo tiempo, apoya esta figura, incrementa el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa y presiona a la SCJN para que no la quiten. Hay 93,227 personas encarceladas sin haber recibido sentencia condenatoria. Están en el limbo de un sistema en donde el Ministerio Público no hizo su trabajo, se ejerció el castigo automático y se viola la presunción de inocencia. 6 de cada 10 personas que están encarceladas ganaban menos de dos salarios mínimos. Esa figura castiga sobre todo a los pobres (Nexos-Intersecta, 1/09/2022). La SCJN generó un debate sobre si la Corte tiene facultades para proponer la inaplicabilidad de una norma constitucional, en este caso el segundo párrafo del Artículo 19, o simplemente garantiza derechos e interpreta la norma constitucional de una forma más armónica.
La seguridad y la justicia son dos problemáticas que están muy lejos de resolverse. México atraviesa por una crisis profunda cuya salida debería ser un nuevo pacto social, pero con la 4T estamos cada día más polarizados. El futuro inmediato será cada día más complicado, el aumento en la militarización del país y el castigo automático serán un legado de AMLO…
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif
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