La persecución judicial de 31 colegas de la academia expresa dos graves problemas que no tendrán solución en el corto plazo: una práctica atrofiada de justicia y el debate imposible sobre la mejor política científica. Si una supuesta denuncia de irregularidades de fondos del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) termina en una acusación de los delitos más graves que se pueden cometer en el país, como delincuencia organizada y lavado de dinero, ¿en manos de quién está la justicia en el país?
Dos veces la FGR, institución con autonomía reciente, ha pedido una orden de aprehensión en contra de 31 exfuncionarios de Conacyt, integrantes del FCCyT, científicos de reconocido prestigio, para meterlos al penal más estigmatizado del país, a donde van a parar los criminales más peligrosos. Dos veces le han negado las órdenes, pero el fiscal Gertz dice que va con todo por un tercer intento. Es lo que Ricardo Raphael llamó “la ciencia de judicializar las pasiones personales” (Milenio, 25/09/2021).
Desde el inicio del sexenio empezó un conflicto por la transferencia de recursos económicos del Conacyt al FCCyT, lo cual formaba parte de las reglas de la ley de ciencia de 2002, que todavía está vigente. El caso se judicializó y llegó hasta la SCJN, que dio la razón al Foro, pero, al mismo tiempo, señaló que ya se habían cambiado las reglas y no había que hacer esa transferencia de recursos. El otro factor que impacta el caso es la relación del fiscal Gertz con el Conacyt. Durante más de diez años quiso entrar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y distintas comisiones de evaluación, formadas por científicos, establecieron que no tenía los méritos para entrar. El caso lo judicializó sin resultados, pero recientemente, de forma muy sospechosa, la actual dirección del Conacyt creó una comisión especial de tres personas, (las otras comisiones se forman por 14 integrantes), y decidieron darle a Gertz el nivel 3, el más alto del SNI. Una aberración que insulta el trabajo de miles de investigadores que nos esforzamos por hacer trabajo científico de calidad. Muy pronto, Guillermo Sheridan mostró —en este diario— que Gertz había cometido plagio.
¿El pleito Conacyt-Foro obedeció a una diferencia de políticas científicas y/o estuvo contaminado por una animadversión entre personalidades de la academia, Álvarez-Buylla vs Cabrero y Tagüeña?
¿Influyó en el ánimo del fiscal la intención de “judicializar” su venganza en contra de los 31 porque le fue negado el SNI más de una década? Hemos visto de lo que es capaz el fiscal: metió a la cárcel a la hija de su cuñada en un terrible caso familiar ventilado en los medios.
Muchas comunidades académicas se han pronunciado en contra de este abuso de poder, la UNAM, el Colmex, la UAM, el CIDE y miles de académicos que hemos firmamos cartas públicas. En la mañanera del 22 de septiembre AMLO declaró: “Se presume que hubo irregularidades, malos manejos de recursos en el Conacyt. Sin embargo, esto lo va a resolver el juez. El que nada debe, nada teme (…) no se fabrican delitos”. El presidente sabe que la justicia en México está plagada de irregularidades y trampas. El juez federal de la causa, Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó las órdenes de aprehensión porque: “Los hechos imputados (por la Fiscalía General de la República) no pueden analizarse a la luz del derecho penal” (EL UNIVERSAL, 23/09/2021). El juez puso un alto a la FGR por inventar delitos.
AMLO confunde sus preferencias ideológicas con el combate a la corrupción y en sus mañaneras ha respaldado la obsesión de la FGR. El uso faccioso de los instrumentos judiciales del Estado para perseguir científicos es expresión de un régimen autoritario. Coincido con el rector de la UNAM, Enrique Graue, cuando dice: “Es inevitable —ante la creciente preocupación y desasosiego entre la comunidad académica por este despropósito, por esta acusación inconcebible— que nos manifestamos”. No al abuso del poder en ninguna de sus manifestaciones…
