El proyecto de reforma eléctrica que envió AMLO al Congreso presagia una lucha complicada y de pronóstico reservado. El Estado mexicano no solo quiere recuperar su papel rector en la regulación del servicio eléctrico, sino terminar completamente con la reforma del 2013, que se hizo en el Pacto por México.

Estamos frente a dos proyectos de país. El triunfo electoral de 2018 abrió la puerta para modificar reformas que se hicieron en el sexenio anterior, por ejemplo ya se canceló la reforma educativa.

Estamos ante una coalición de fuerzas políticas y sociales diferentes. Directamente vinculado al contenido de la nueva iniciativa tenemos un problema complejo: la captura que ha tenido el Estado durante el llamado periodo neoliberal. No solo se ha achicado lo público frente a lo privado, sino que el Estado entró a cumplir un rol diferente, es decir, se convirtió en el gran socio de las grandes empresas y sus intereses. Bajo el argumento de que el mercado reparte mejor y abre oportunidades para tener servicios y bienes más eficientes y baratos, se han privatizado una gran cantidad de servicios y funciones. Hoy el campo de lo eléctrico es un buen ejemplo de lo que se profundizó en 2013.

En el clima de polarización que respira el país, la iniciativa de AMLO se acomoda para abonar a la división. En estos días he escuchado voces que se colocan en los dos lados de la polémica: para los que defienden la reforma de 2013, la de 2021 se trata de una estatización abierta y total, de la recreación de un monopolio, de que la CFE será juez y parte y concentrará todas las funciones, de que se perderá inversión privada y se incumplirá con las energías limpias. Del otro lado, viene la argumentación de la misma iniciativa cuyo eje principal es que en 2013 se benefició a las empresas privadas locales y extranjeras; se castigó a la CFE y se obligó a pagarles a los privados, que además, hicieron muchas de sus inversiones con recursos de la banca de desarrollo.

No hay sorpresas, AMLO anunció en su toma de posesión: “se detendrá el desmantelamiento de la CFE”, y ahora lo hace una iniciativa de ley. Quizá la novedad sea el litio, como un mineral estratégico, que no será concesionado, con lo cual se modifica el Artículo 27 de la Constitución. Este paso lo enmarca en la llamada “transición energética”, cuya dirección quedará en manos del Estado. La iniciativa considera que los diversos organismos reguladores de la pasada reforma “sustraen” decisiones al Estado, por lo que ahora se juntan en la CFE regulación, permisos, tarifas y todos los pasos de la generación, transmisión y comercialización. La electricidad no se considerará monopolio, sino que formará parte de las actividades cuya rectoría la tendrá el Estado con un cambio al 28 constitucional. La iniciativa transforma a la CFE de empresa productiva del Estado en un organismo del Estado y modifica el Artículo 25 constitucional. En los transitorios se establece la cancelación de permisos y contratos de compraventa.

La coalición legislativa de AMLO no tiene los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa. Dos de los partidos de la Alianza opositora (PAN y PRD) ya dijeron que no apoyan la iniciativa, solo queda el PRI con la llave de la reforma en sus manos. El partido que perdió el poder en 2018 ahora tiene la posición más estratégica en el Congreso. En estos días hemos visto que el tricolor está dividido, hay legisladores que apoyan la iniciativa y otros que están completamente en contra; su líder ha dicho que “no hay prisa”, quieren tiempo y un parlamento abierto, pero aseguran que votarán en bloque, lo cual se ve como una oferta muy difícil de cumplir.

Es cierto que la reforma de 2013 benefició a las grandes empresas y no cumplió con la oferta de tener energía más barata. También es cierto que hay que acabar con la captura del Estado y tener una regulación eficiente. Como una hipótesis se puede plantear que tal vez AMLO se fue al fondo con los términos de su iniciativa, porque calculó que tendrá que negociar con el PRI los términos del nuevo sistema eléctrico, hoy otro campo de lucha. Veremos qué pasa en las próximas semanas…

Investigador del CIESAS. @AzizNassif