Será porque estamos en las últimas semanas de la campaña electoral, o quizá porque la polarización sólo puede llevarnos a una escalada mayor, pero lo que domina en el espacio público en estos días son señalamientos y denuncias entre AMLO, Morena y el bloque opositor. Algunos ejemplos recientes muestran en dónde estamos: el presidente denuncia a candidatos de oposición por supuestos usos ilegales de “tarjetas”, la oposición señala a Morena con las mismas prácticas; las instituciones de justicia, como la FEPADE, intervienen por el llamado presidencial, pero en contra de opositores. La acumulación de críticas en las mañaneras se incrementa para señalar a personas e instituciones, a las que se les coloca como “conservadores” y “adversarios”, por recibir financiamiento externo. ¿Hay un “uso faccioso” de las instituciones? ¿Estamos ante una “regresión democrática”?
En 2018 la sensibilidad ciudadana llevó a millones de ciudadanos a votar por un cambio frente a gobiernos que entregaban muy malos resultados en corrupción, violencia, desigualdad, impunidad. En la memoria queda el uso faccioso de las instituciones que hizo Fox, aliado con el PRI, para el desafuero de AMLO; el cuestionado triunfo electoral de Calderón que rompió con la legalidad; la “guerra” calderonista contra el narco que dejó al país como un cementerio; los abusos del gobierno de Peña Nieto, que pasará a la historia como uno de los más corruptos; Peña Nieto también terminó el ciclo privatizador favorable para una élite económica extractivista. Frente a esos gobiernos el país reclamó un cambio.
Estamos metidos en un clima de confrontación que aturde porque todos los acontecimientos públicos se pintan de algún color político. Los espacios de moderación para un debate democrático están descartados. La violencia criminal ha vuelto a generar una espiral de asesinatos en contra de políticos y candidatos. Hace unos meses era previsible una lucha de alta intensidad por el poder, pero ahora estamos atrapados en una polarización que normalizó ver al país en blanco y negro.
AMLO se mueve en la ambigüedad, juega con las reglas establecidas y, al mismo tiempo, las rompe. Con frecuencia generaliza y mete en el mismo cajón al neoliberalismo, a los conservadores y todos los que tienen una posición crítica e independiente, porque señalan errores y equivocaciones de la 4T. Para el presidente todos son sus adversarios, no acepta la crítica, venga de donde venga.
Sin defender o atacar a los políticos señalados, el uso de expedientes de justicia en momentos electorales es una tradición que sigue vigente: lo vimos con Peña Nieto frente a Anaya en la sucesión pasada; ahora AMLO frente a los candidatos de oposición a la gubernatura de Nuevo León; el gobernador de Chihuahua frente a la candidata de su partido; el caso del desafuero de Tamaulipas que sí procedió, pero no el del candidato morenista a la alcaldía de Ciudad Juárez, entre otros. Ese tufo de oportunismo intoxica a la impartición de justicia, porque su aplicación en estos tiempos aparece como una trampa político-electoral.
AMLO niega la transición democrática. Para él tiene poco valor la construcción institucional, los organismos autónomos, y todos los días halla alguna cuenta pendiente con su desempeño y su alto costo. Pero veamos un ejemplo de la semana pasada. La CNDH, un organismo autónomo en donde la 4T impuso con enormes cuestionamientos a una incondicional del presidente, presentó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Segob) el caso de Sanjuana Martínez (Notimex), como si fuera un problema de libertad de expresión, pero el mecanismo respondió que se trata de una funcionaria, no de una periodista en riesgo. Además, ha violentado la legalidad y ha usado —con impunidad— recursos públicos para atacar a sus críticos.
El uso faccioso de instituciones, el desempeño parcial de la legalidad y la violencia son reprobables. Si, además, agregamos el discurso amenazante de AMLO, tenemos preocupantes signos regresivos en la democracia mexicana…
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif