La obsesión por cambiar las reglas del juego electoral ha llegado a la 4T. La larga construcción de un régimen político-electoral plural se inició hace 45 años y desde entonces no hemos parado en hacer reformas. Unas más importantes que otras, como la de 1977, con la que se inicia la transición mexicana, la de 1996 que generó instituciones autónomas y condiciones de equidad en la contienda y, quizá, la de 2007 que cambió el modelo de comunicación política. En 2014 se hicieron ajustes y se incorporaron figuras como la reelección legislativa, la paridad en la candidaturas y se crearon los Oples. Ahora, AMLO ha empezado a anunciar algunas de las piezas que formarán su iniciativa de reforma electoral, pero sus anuncios iniciales no pintan un mejor escenario.
El presidente tiene una preocupación económica porque le parece que se gasta mucho en elecciones, por lo que propone abaratar los comicios, pero lo barato, como dice el dicho, sale caro. Bajar los salarios de los consejeros y magistrados no es un gran ahorro, es más bien una batalla política. Si bajan las prerrogativas a los partidos se puede tener un ahorro más significativo. Se han hecho intentos y han fracasado. Con la misma idea de ahorrar se quieren disminuir las diputaciones y quitar o desaparecer a los plurinominales (RP), con lo cual regresaríamos a un sistema de mayoría que favorece a los partidos mayoritarios y al partido gobernante, que hoy tiene mayoría. En todo caso se podrían proponer otros sistemas de representación: sería muy positivo mantener uno mixto, con mayorías y proporcionalidades. AMLO dijo “¿para qué tantos diputados?”, ¿por qué no tener 200 de mayoría relativa y 100 RP, o quizá, 150 de MR y 150 de RP? ¿Dónde hay más ventajas democráticas? Un sistema mixto permite una mayor pluralidad, la cual se perdería sin la RP, se afectaría sobre todo a las oposiciones y a los chiquitos que no vayan en coalición. La propuesta de AMLO puede debilitar la representación democrática.
Otra idea es que consejeros y magistrados sean electos por el voto popular. No es una buena idea. Si se quiere a personas con autonomía e independencia, se pueden distorsionar las funciones que se necesitan para estos cargos. Le daría ventaja al partido dominante y tendríamos un grupo mayoritario de consejeros y magistrados de color guinda. Las cuotas que han operado hasta ahora no son lo mejor, pero permiten ciertos equilibrios y con los actuales procedimientos de selección, han mejorado los resultados. El objetivo sería tener personas con convicciones democráticas y grados de especialidad, con prestigio público. Ciertamente pueden tener salarios más modestos, como los de un profesor-investigador universitario de alto nivel; sin embargo, elegirlos mediante el voto popular puede sonar democrático, pero crearía un desbalance grave y no garantizaría la independencia.
Hay, por supuesto, mejoras que se pueden hacer al modelo electoral, como tener la obligación de elecciones primarias (modelo argentino); mejorar los mecanismos de fiscalización en las campañas; bajar los recursos públicos a los partidos; hacer campañas más cortas y con más debates. Las reglas electorales por sí mismas no generan una mejor democracia, por eso es importante tener balances, contrapesos y aprendizajes de la larga experiencia de 45 años de reformas.
AMLO parece que piensa que estamos en 1988, no reconoce lo que se ha avanzado en materia electoral. Un balance señala que hoy tenemos instrumentos bien elaborados como el padrón electoral que durante décadas fue una selva de trampas; la organización, capacitación y desempeño de los funcionarios de casillas es muy positivo; los problemas pueden estar antes de la casilla, en las campañas y con el manejo de recursos económicos ilegales, una práctica de todos los partidos. Existe el grave problema de la violencia del crimen organizado cada vez más presente.
Hay que esperar a la iniciativa de reforma de AMLO, pero si viene como se anuncia es muy probable que no pase porque Morena no tiene los votos en el Congreso.
Investigador del CIESAS
@AzizNassif
