México atraviesa una grave crisis de inseguridad y violencia. Por eso es necesario ver el mapa completo de los diferentes planos del problema y no quedarnos en el juego de las sillas de los partidos políticos. Durante el siglo XXI los gobiernos que han llegado al poder nos han narrado el cuento de los peligros de la delincuencia organizada y del narcotráfico; y nos han dicho que no hay más remedio que acudir a las fuerzas armadas, a la vía militar, mientras se tiene una policía civil eficiente. Todos los partidos, como oposición o como gobierno, comparten la responsabilidad de la tragedia de violencia.
Si vemos la parte estructural del problema aparece que nuestro sistema de justicia es muy deficiente. Como han dicho especialistas, por más que se llenen las calles de militares, la inseguridad y la violencia seguirán y ahora con el agravante de que habrá más violación a los derechos humanos. Cuando observamos la dinámica de los actores y las instituciones, resalta que este gobierno, con más fuerza que los tres anteriores (partido dominante, mayorías legislativas, hiperpresidencialismo), ha impactado a los otros dos poderes, en el Poder Legislativo tiene un gobierno unificado como era hasta 1997. Dicen algunos senadores que la SCJN tiene atorados varios proyectos contra la militarización porque no quieren ir en contra de la política del presidente. Organismos autónomos como la CNDH, acaban de publicar un comunicado en donde ya no se distingue de una secretaría de Estado; en Gobernación —con Encinas— hay más autonomía de la que tiene la encargada de defender los derechos humanos. Es una vergüenza el papel de esa comisión que costó tanto trabajo construir. Cuando pasamos a las políticas públicas, la de combate a la inseguridad no se ve que tenga mucha eficacia. Seguimos con números muy altos en asesinatos dolosos; la estadística oficial se mantiene muy alta en este delito, pero la autoridad dice que ya no crece. La extorsión está desbordada.
Seguimos atrapados en el juego de las sillas del poder. En 2019 la reforma que creó la Guardia Nacional estableció tener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024. También legisló que sería de forma extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Pero hoy, la alianza de Morena y del PRI en la Cámara de Diputados extiende el plazo hasta 2028 (el Senado tiene la palabra). Los que antes eran oposición descalificaron la militarización con furia (Mario Delgado, Manuel Bartlett y el mismo AMLO), pero hoy, cinco años después, la defienden con la misma furia. El juego de los que hace unas semanas eran los “traidores a la patria” por la reforma eléctrica, hoy se han convertido en héroes (Alito y Moreira). Lo extraordinario se ha vuelto la normalidad, la subordinación al poder civil está como paradoja en manos de la Sedena, lo complementario no se ve, la regulación es completamente militar y la fiscalización no aparece por ninguna parte.
La Guardia Nacional ya tiene cuentas pendientes con la corrupción en materia de extorsiones a transportistas, además, forma parte de las denuncias por violación a derechos humanos. Las tendencias internacionales van en sentido contrario a las de México: los casos europeos como en España o Francia, cuentan con mandos civiles y una buena rendición de cuentas. En Chile y en Colombia se quiere separar a los carabineros y a la Policía Nacional de la parte militar, completamente al revés de nuestro país.
Las conclusiones del “Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México” señalan que una militarización de la seguridad va en detrimento de las policías locales; que un incremento presupuestal con opacidad en la rendición de cuentas puede generar corrupción; se incrementa el riesgo de la violación a derechos humanos y hay fuertes incompatibilidades con un sistema democrático. ¿Cuánto durará la excepcionalidad?...
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif
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